CUICHE

La orden de traslado de un centro penitenciario a otro afecta la libertad personal del procesado o sentenciado, por lo que la demanda de amparo indirecto promovida contra dicha disposición puedepresentarse en cualquier momento, en términos del Artículo 22 de la Ley de Amparo.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió lo anterior al emitir la tesisjurisprudencial 17/2013 a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz, donde se señaló que la libertad personal de los individuos se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuenciaprivarlos de dicha situación.

Sin embargo, también se afecta esta libertad de las personas, agregó el órgano de la SCJN, mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en una situación deprisión o que modifiquen las condiciones en que tal privación de libertad deba ejecutarse.

Bajo este contexto, aun cuando la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, por sí sola, no afecta lalibertad personal del procesado o del sentenciado, sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo, o bien, ejecutarse.

Además delesionar derechos, como el de una defensa adecuada previsto en el Artículo 20 de la Constitución, porque el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal,también se violaría el 18, que establece el derecho a purgar la condena en un centro penitenciario cercano al domicilio.

Por ello y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechosde la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de las personas no puede limitarse el ejercicio del derecho de acción y reducirlo al plazo de15 días.

Lo anterior, dijo la Primera Sala, porque ese plazo implicaría que las autoridades faltaran al deber de procurar y favorecer en todo momento ampliamente a la persona; de ahí que la...