Cultura Formativa

La Sentencia C-319/06

Ley de Justicia y Paz ó Ley 975 de 2005 dentro de la Legislación de Colombia es un marco jurídico promovido por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congresopara facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros.
En 2002 el gobierno delexpresidente Álvaro Uribe Vélez y el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, iniciaron un proceso que diera un marco jurídico en el cual grupos armados al margen de la ley como los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y las guerrillas entregaran las armas y se reintegraran a la sociedad civil en lo que se conoce como la desmovilización.1
En 2003 las AutodefensasUnidas de Colombia firman con el gobierno un acuerdo de desmovilización en el cual 30 mil miembros de esa organización armada y sus comandantes cesan operaciones.1 El gobierno presentó entonces un proyecto de ley conocido como alternatividad penal que beneficiaba a los armados que se desmovilizaban y confesaban sus crímenes, pero ignoraba a las víctimas. Dicha ley tuvo que ser retirada debido a lapresión nacional e internacional.2
Entre 2005 y 2006 el país adopta un marco legislativo que permite la persecución y sentencia de miembros de grupos armados ilegales que se hubiesen acogido a los procesos de desmovilización. Dicha regulación es conocida como la Ley 975 de 2005 o la Ley de Justicia y Paz.
El 13 de mayo de 2008 algunos de los comandantes de las AUC desmovilizados fueron extraditadosa los Estados Unidos para responder en tribunales de ese país por cargos de narcotráfico. La decisión del gobierno de permitir su extradición se basaba en el argumento de que estos seguían delinquiendo desde las cárceles.

Uno de los más significativos acontecimientos de los últimos tiempos
ha sido el proceso de paz iniciado con los grupos de autodefensa,
también conocidos como"paramilitares". Modificando sustancialmente
la tradición jurídica del país, prolija en amnistías e indultos, por medio
de la ley 975 de 2005, se asumió la opción política de establecer un
sistema punitivo alternativo, menos severo que el ordinario, como marco
de referencia para el juzgamiento de los delitos cometidos por los
miembros de dichos grupos y de los demás actores del perverso
conflicto quevivimos.
La precitada ley procura evitar dos perniciosos extremos: la impunidad
y el conflicto. Se busca terminar el estado de cosas antijurídico y criminal,
en el que los grupos armados, de cualquier vinculación o extracción,
aparecen como protagonistas, con sustento en el derecho que tenemos
todos a la paz. Pero, paralelamente, también se busca que esa terminación
tenga una condición justa,discerniendo a los responsables un juicio y
una pena, aunque ésta sea una alternativa, menor que la ordinaria.

El pasado 25 de abril de 2006, con ponencia del Magistrado Álvaro
Tafur Galvis, la Corte Constitucional profirió la sentencia C-319 de
2006. De lo decidido en esta sentencia salvaron su voto los Magistrados
Jaime Araújo Rentería y Humberto Antonio Sierra Porto.
El análisis de estasentencia se hará según el siguiente procedimiento: i)
presentación preliminar o delimitación problemática, ii) planteamiento
del problema, iii) decisum y iv) ratio decidendi. Cuando sea menester,
se sustentará lo correspondiente con citas puntuales de la sentencia.

i) Presentación preliminar o delimitación problemática. Para
plantear el problema, la Corte desestima los cargos materialesdirigidos
contra la ley 975 de 2005, por no reunir los requisitos establecidos
para las demandas de inconstitucionalidad. Por tanto, se centra
exclusivamente en el análisis de los cargos formales o de
procedimiento. La censura plantea una vulneración de la reserva de
ley estatutaria, que la Constitución establece en materia de derechos
y deberes fundamentales y administración de justicia. En...