Cultura.

La Ley 30 de 1992, es una ley anticuada, mal hecha y hay que renovarla, pero la propuesta del gobierno dista mucho de ser una solución real al problema estructural de la Educación SuperiorColombiana. La reforma propuesta tiene varios elementos que ameritan una revisión juiciosa. La creación de Universidades con ánimo de lucro, la inyección de capital privado en Universidades Públicas, y lamanera en que la Nación entraría a financiar el sistema público son algunos de los puntos más importantes.
Considero preocupante varios aspectos de la propuesta actual. No está mal que la Empresa Privadaentre a financiar a las Universidades, lo que sí merece debate es el cómo lo haría y qué recibiría a cambio. Otro punto importante es que la tesis para el ingreso de los capitales privados a laEducación Pública, no debería ser el permanente decrecimiento de los aportes de la Nación, sino la necesidad de que la Empresa Privada esté obligada a tener programas de responsabilidad empresarialplenamente constituida y de impacto nacional o regional. Las implicaciones de la inyección de capital privado (tal y como está en la reforma) no acaban ahí.
Si bajo la figura de la productividad es laEmpresa Privada la que decide a qué proyectos de investigación invertir dinero (y teniendo en cuenta que la investigación se menciona como uno de los indicadores más importantes a la hora de que la Nacióndé partidas presupuestales extras), se generará un ciclo en el que si una Universidad no tiene proyectos de interés de la Empresa Privada, no podrá llevar a cabo sus investigaciones, y tampoco tendrárecursos extras de parte de la nación.
En últimas esto llevaría a que la autonomía, en tanto formulación propia de los pensum académicos, se vería comprometida: no se puede tener autonomía académicasi los proyectos de investigación se piensan como viables si son de interés de la Empresa Privada. Profesores universitarios y estudiantes de posgrado coinciden en que esto ya viene pasando.
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