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320 - Libovich y Cía. SRL s/apelación

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. El Tribunal Fiscal, en su pronunciamiento de fojas 70/76, confirma las resoluciones de la Dirección General Impositiva, del 17 de diciembre de 1985, en cuya virtud se determinaron de oficio las obligaciones en los impuestos a las ganancias y al valor agregado, correspondientes a los años 1981 y 1982; además se aplicaron multasiguales a dos veces el gravamen omitido.

Para así decidir desestimó la nulidad invocada fundado en que no median vicios de entidad que lleven a la conclusión que en el sumario incoado se haya violado el derecho de defensa y debido proceso; señaló, asimismo, que tampoco procede el agravio de la recurrente respecto a la falta de sustento de la sanción, sobre la base de remitirse sufundamentación al dictamen del servicio jurídico; también ponderó que el ajuste practicado y la sanción dispuesta, con sustento en registraciones existentes en el cuaderno de uno de los integrantes de la sociedad y en el extracto de una cuenta corriente, resultan ajustados a derecho.

II. A raíz de ello apeló la actora (fs. 83), expresando agravios a fojas 93/96 -los que fueron objeto de réplica a fojas101/103-, afirmando que en ningún momento pretendió que la Dirección General Impositiva le proporcionara fundamentos jurídicos, encuadre y tipificación de la infracción, al momento de instruirse el sumario. Agregó que su objetivo consistía en que se le hiciera constar en forma clara cuáles son los hechos concretos que se lo acusa de haber cometido. Dice que la descripción de la conducta refería a lainfracción consistente en la omisión del impuesto del artículo 45 de la ley 11683 y no a la figura de la defraudación fiscal contemplada en el artículo 46, que supone la existencia de declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas; de modo tal que le resultó imposible argumentar, puesto que las conductas encuadradas en dicha norma no integraron la intimación establecida en el artículo 72 de laley fiscal. Destaca que la resolución administrativa no proporciona el más mínimo fundamento del encuadre jurídico, ni explica cuál es el comportamiento objeto de castigo y que carece de relevancia la remisión al dictamen jurídico, ya que una resolución de índole penal que establece una sanción debe cumplir con el recaudo de bastarse a sí misma. Además, afirma que dicho asesoramiento tampoco brindafundamento legal, ya que se limita a una vaga referencia a una supuesta actitud dolosa tendiente a tributar en menor medida de la correspondiente. Respecto a las determinaciones de oficio, también las cuestiona porque sostiene que se sustentan en un registro de cuentas que no corresponde a la firma contribuyente sino a un tercero, puesto que los socios revisten dicho carácter, respecto de lasociedad. Finalmente se queja por haberse considerado una prueba obtenida ilegítimamente.

III. Según surge de los antecedentes allegados a la causa, con motivo de una fiscalización efectuada por la Dirección General Impositiva en el establecimiento comercial de la actora se iniciaron los procedimientos de determinación de oficio, a la vez que se le corrió vista de los cargos formulados, en losimpuestos a las ganancias y al valor agregado; instruyéndose el sumario de práctica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 de la ley 11683 (t.o. 1978 y modif.) por infracción tributaria al haber presentado las declaraciones juradas de dichos tributos, correspondientes a los años 1981 y 1982, consignando montos gravados menores a los correctos y dejando de ingresar, en consecuencia,el monto respectivo en la medida que dan cuenta los cargos formulados (fs. 143/144 cuerpo 2 de las actuaciones administrativas y fs. 73/74 del cuerpo 1 de esos actuados). Este procedimiento culminó con las resoluciones que constituyen la materia de autos; es decir, la determinación de oficio de las obligaciones impositivas del contribuyente y la aplicación de multa, por encuadrarse la conducta...