DAVIS LORNA


Comente dos argumentos que justifiquen la falta legitimidad del control de constitucionalidad de la ley desde el punto de vista democrático y dos argumentos en el sentido contrario
1.- En la mayoría de las democracias contemporáneas, las leyes aprobadas por el Poder Legislativo son susceptibles de algún tipo de control judicial, con el objeto de asegurar su conformidad a la Constitución. Paraarticular esta finalidad existen diversas fórmulas, ámbito en el que se distinguen básicamente dos modelos a saber: el descentralizado y el centralizado. Pero, con independencia del modelo concreto que se adopte, cabe plantear como cuestión previa ¿si es legítimo, en una democracia, someter al control judicial las leyes aprobadas por el Congreso?, pues, se trata de un dilema recurrente en la teoríaconstitucional contemporánea, en términos de encarar el problema de la legitimidad de ese control judicial, en el rubro específico. En este contexto, el presente comentario, se centra en algunos de los argumentos que justifican la falta legitimidad del control de constitucionalidad de la ley desde el punto de vista democrático y en aquellos en sentido contrario.
a).- Argumentos que nieganlegitimidad del control de constitucionalidad:
En esta línea, cabe señalar que la “objeción democrática” consiste en estimar que: si el sistema político se ha ido reformando a lo largo del tiempo para hacerlo más sensible a la voluntad popular, resulta regresivo permitir que los tribunales descalifiquen las leyes parlamentarias bajo el argumento de que violan lo dispuesto en el texto constitucional.
i).- Primera vía para negar la legitimidad del control de constitucionalidad: En principio, cuando un juez invalida una ley no se produce “costo” democrático, si la razón es que esa ley no satisface las “precondiciones” que dan valor moral al proceso político, desde que ellas garantizan a las personas su igual pertenencia a la comunidad política, las que se traducen en tres exigencias, a saber:cada persona debe tener oportunidad de incidir en el contenido de las decisiones colectivas; sus intereses deben ser tenidos en cuenta con igual consideración; y se le debe dejar en libertad para elegir el tipo de vida que le resulte más valioso. Así, en democracias que cumplen con estas condiciones, introducir reformas constitucionales podría afectar negativamente el sistema político, si se otorgaraa una oligarquía de expertos no elegidos el poder de anular y de reemplazar las decisiones legislativas que les parecieran injustas, incluso si esos expertos mejoraran la legislación objeto de su rechazo habría una perdida en términos de autogobierno que no se vería compensada por las virtudes de sus decisiones. Distinto es cuando un determinado precepto socava el carácter democrático de lacomunidad, y el sistema constitucional entrega el asunto a un tribunal. La razón de esta distinción es que si el tribunal acierta invalidar una ley que debilita las condiciones democráticas, se produce un beneficio y no un costo, pues con su actividad específica preserva las condiciones democráticas que resultaban afectadas negativamente. En cambio, cuando un grupo de expertos invalida leyes que nosocavan las condiciones democráticas, esa invalidación no genera ningún beneficio democrático. No obstante, se reconoce que si el tribunal se yerra al anular leyes que supuestamente socavan -pero realmente no socavan- las condiciones democráticas, se produce un costo democrático, no mayor que el que se produce cuando el legislador se equivoca, es decir, la posibilidad de error es simétrica, por ellose infiere que la premisa mayoritaria en la que descansa la objeción democrática contra control de constitucionalidad es confusa y no concluyente, porque si el sistema político existente no funciona no supone ningún costo democrático el hecho que las leyes originadas en un sistema político defectuoso sean anuladas, ya sea por expertos o por jueces constitucionales. En cambio, si el sistema...