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El derecho penal mexicano sólo trata las violaciones más graves del ordenamiento jurídico, y en el marco del derecho de autor, generalmente sólo se sancionan penalmente las conductas quesupongan la copia o el plagio de las obras protegidas, donde concurran dos circunstancias: el ánimo de lucro y el perjuicio del tercero, donde el beneficio obtenido posea especial trascendenciaeconómica. Esto último, en muchos casos, supone una actividad altamente especializada, que busca la comercialización de los productos copiados o plagiados, y se define en actos tales como laexposición de las copias en comercios, catálogos de venta, y otros. Considerar estos derechos como una forma de propiedad (y no como un derecho de uso) facilita la criminalización de la copia noautorizada. Permite además a las grandes multinacionales que controlan estos derechos una equiparación con otros delitos de mayor gravedad como el robo.
Bajo presión de organismos internacionalesy de los Estados Unidos, el presidente Vicente Fox lanzó el programa más ambicioso contra la venta de música y películas reproducidos sin autorización en México, llamada la 'guerra contra lapiratería', en un claro paralelo con la guerra contra las drogas promovida por Washington desde la década de 1980. Durante el último año de la administración de Fox, más de 8,700 operativosfueron realizados en el país para decomisar mercancía y detener presuntos vendedores de piratería.5 Sin embargo, según el antropólogo José Carlos G. Aguiar estas políticas parecerían ser másefectivas para criminalizar el comercio informal, que para el control efectivo de venta de piratería en los mercados populares y espacio público.
Desde el 2010 circulan en México versiones quevinculan la venta de piratería con el tráfico de drogas, sin embargo no existen pruebas contundentes para aseverar que el mercado de la piratería está controlado por carteles de narcotraficantes.