De la educaci n a la justicia social

“De la educación a la justicia social" por Adrián Cannellotto
La educación es una de las protagonistas del debate de este año electoral. Lo es en Argentina, pero también lo fue en las campañas de los recientemente electos presidentes de Brasil, Uruguay, Bolivia y Chile. Más allá de las particularidades de cada país, comparten como objetivo la decisión de trabajar sobre las trayectoriaseducativas, es decir sobre las posibilidades de acceso, permanencia y egreso en los diferentes niveles, tanto como sobre los aprendizajes y sus brechas. Como parte de este proceso, también las universidades viven tiempos de transformación.
Para Dilma Rousseff, el ciclo de desarrollo que se abre con su segundo mandato tiene a la educación como “la prioridad de las prioridades”, con la propuesta de “invertirfuertemente en la calidad de la educación y, al mismo tiempo, ampliar cada vez más el acceso a la enseñanza, en todos los niveles”. En su programa de gobierno, el educativo se presenta como el sector de la vida pública que por su impacto social es “responsable por el éxito de las metas de otras áreas de la administración pública”. De manera similar a lo que ocurre con el Frente Amplio de TabaréVázquez o con el MAS de Evo Morales, la continuidad política del proyecto de país se traduce en un conjunto de metas hacia las cuales avanzar, profundizando procesos ya iniciados. Tal es el caso de la universalización de la educación inicial, el acceso y egreso en la escuela secundaria, la profesionalización docente y el fortalecimiento de la función pedagógica de las instituciones, la vinculacióncon las nuevas tecnologías, el acceso a la universidad, los pisos de financiamiento y la incorporación de recursos alternativos, entre otros.
El más llamativo quizás sea el caso de la alianza Nueva Mayoría de Michelle Bachelet quien, en el documento “Chile para todos”, propone una ruptura con las políticas educativas que se venían implementando. Las luchas de los movimientos estudiantiles, a lasque se sumaron otros sectores de la sociedad, colocaron en la agenda política una reforma que alcanza también al sistema universitario. En el documento se fijan como metas la gratuidad universal de la educación (definida como derecho social) y el fortalecimiento de la educación pública como “base y herramienta más potente sobre la que se construirá el proyecto educativo, la cohesión y la integraciónsocial”. Además, propone el fin al lucro en todo el sistema educativo en una sociedad que “debe abandonar las prácticas que han permitido tratar la educación como un bien de consumo”; la reducción de la segregación y la construcción de un sistema inclusivo. Por último, plantea la recomposición de la calidad dado que, como consecuencia del Sistema de Medición de la Calidadde la Educación (SIMCE)–que se aplica desde 1988–, se empobrecieron tanto la idea de calidad como el sentido de la educación, promoviendo la “selección”, la “exclusión” y el “entrenamiento de pruebas”. El 27 de enero pasado se aprobó una primera parte de esa reforma, que entrará en vigencia en 2016.
Con sus diferencias, las propuestas señaladas (y también la política educativa argentina) encuentran en la inclusión y en lacalidad las claves para asistir, desde la educación, a la recomposición de la justicia social. Una formulación como la que se hace en las bases programáticas del Frente Amplio uruguayo, donde se dice que “la justicia social requiere más igualdad y comunidad, donde la reciprocidad y el compromiso comunitario vayan más allá de las lógicas del mercado y la codicia, promoviendo valores de cooperacióne integración”, puede servir como expresión generalizable al resto de los programas políticos de la región. Pero lo interesante de esta formulación es que coloca a la noción de justicia social en tensión con la obligación estatal.
Comunidad política
Esta tensión hace referencia a los reclamos sociales por una mayor expansión de las capacidades individuales, es decir, por el reconocimiento de...