DE LEY

DE LEY

Es claro que el espíritu del legislador al expedir la Ley 550/93 lo que permitió fue unas concesiones a las entidades territoriales que se sometan al proceso de restructuración de pasivos,respecto a sus obligaciones actuales que se encuentren en ejecución o no; empero también le exigió el cumplimiento prevalente las nuevas obligaciones que se adquieran, anotando que dichas obligacionesno están sujetas al orden de pago, y que en caso de incumplimiento pueden ser exigidas coactivamente.
Dicho lo anterior, queda resuelto el primer problema jurídico planteado, quedando comoconclusión que si es procedente ejecutar una obligación contra un ente territorial que se encuentra bajo el régimen de restructuración de pasivos contemplado en la Ley 550/93, cuando dicha obligación naceposterior a la iniciación de la negociación de acreencias.
El segundo problema jurídico planteado emerge del exabrupto que advierte esta agencia del Ministerio Público, respecto a la errónea liquidaciónsospechosa que presenta el togado ejecutante en la reforma de la demanda, tanto como en la liquidación actual del crédito, suma que asciende a los $214.174.241, oo valor que supera incluso la sumacapital que ordenó fallo que se toma como título ejecutivo para exigir el pago de solo intereses moratorios.
Lo primero advertir, es que si bien es procedente la ejecución por el cobro de los interesesmoratorios no cancelados al momento de saldar la sentencia impartida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería, el lapso sobre el cual se deben liquidar los mencionados interesesmoratorios, es aquel que se tardó la administración para dar cumplimiento al pago de la sentencia, posterior a que la misma quedó ejecutoriada; es decir que la providencia quedó ejecutoriada 14 deoctubre de 2009 y el pago del capital se realizó el 13 de julio del 2010, lapso temporal que arroja 8 meses y 29 días de mora en el pago.
Dado a que el actor tiene derecho a percibir intereses...