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Expediente: 00846-2010-0-2701-JR-PE-01
Secretaria Judicial: NeybaCahuantico
Sumilla: Interpongo recurso de agravio Constitucional.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR MIXTA Y DE APELACIONES -SEDE CENTRAL- MADRE DE DIOS
JUANA GRISELDA PAYABA CACHIQUE, Presidenta de la Comunidad Nativa “Tres Islas”, compuestapor los pueblos indígenas Shipibo y Ese´Eja, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios-, en la demanda de hábeas corpus interpuesta a mi favor y de los miembros de la Comunidad Nativa “Tres Islas”, ante usted atentamente digo:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18° del Código Procesal Constitucional (agravio constitucional), concordado con lo prescrito enel inciso 3 del artículo 139° de nuestra Constitución Política (debido proceso y tutela jurisdiccional), interpongo recurso de agravio constitucional contra la Resolución No 16 emitida por la Sala Penal de Apelaciones –Sede Central- de Madre de Dios el 08 de febrero de 2011, la misma que confirma la Resolución No 10 del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Puerto Maldonado quedeclaró improcedente el proceso de Hábeas Corpus interpuesto a mi favor y el de mi comunidad, a fin de que lo remita al Tribunal Constitucional para que lo declare fundado en su oportunidad y así proteja los derechos de libertad individual y derechos conexos, debido proceso, tutela procesal efectiva e inviolabilidad de domicilio, con base en los siguientes fundamentos:

I. RESUMENTanto mi persona, en mi calidad de presidenta de la Comunidad Nativa Tres Islas, como todos los miembros de la Junta Directiva de la misma venimos siendo perseguidos penalmente de modo arbitrario (ahora ya en etapa de investigación fiscal preparatoria), en violación del debido proceso, y con riesgo de nuestra libertad personal, por hechos que no configuran delito (controlar el ingresode terceros no autorizados a nuestra comunidad), sino ejercicio de la autonomía territorial, organizativa y jurisdiccional que nos reconoce la Constitución (arts.
89 y 149) y el derecho internacional (Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, art. 15, 18, 8).

La persecución penal arbitraria que venimos sufriendo sederiva de una sentencia de hábeas corpus previa (Exp. 624-2010 del 25/8/2010) que no está fundada en derecho, violando la tutela procesal efectiva. Esta sentencia ampara el presunto derecho de “libertad de tránsito” de dos empresas de transporte “Los Mineros SAC” y “Los Pioneros SCRL”, las que no tenían autorización comunal ni licencia municipal de ruta para entrar en nuestro territorio por unatrocha carrozable que sólo conduce a una zona de minería informal, tala ilegal de madera, prostíbulos y bares ilegales. Tal sentencia no respetó nuestro derecho constitucional a la autonomía territorial, organizativa y jurisdiccional. Y, además, excediéndose en sus atribuciones, concluyó que el hecho de controlar el ingreso de terceros en nuestro territorio se subsumía enel “delito de extorsión” (bloqueo de carreteras para pedir algo ilegítimo a la autoridad), por lo que ordenó que se nos abra investigación penal y que se retire los medios que habíamos levantado dentro de nuestro territorio para controlar el ingreso de intrusos (una caseta y cerco de control), a fin de que pueda entrar en nuestro territorio comunal “toda persona” que lo deseara, sin considerar siestaba autorizada o no, y sin distinguir si tenía fin legítimo o ilegal y destructivo. Es así que de tal sentencia se deriva tanto la arbitraria persecución penal que venimos sufriendo, con riesgo de nuestra libertad; como la vulneración del derecho a la inviolabilidad de nuestro domicilio colectivo, que es nuestro territorio comunal, pues ha aumentado la intrusión no autorizada de terceros que...