Deber de protección de empresas españolas

El proceso de internacionalización de las empresas españolas comenzó tarde en comparación con algunos países de nuestro entorno, pero lo hizo de manera intensa, y la actual situación económica ha empujado a muchas de ellas a buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras. Esto coincide además con una etapa histórica de fuertes tensiones en la seguridad internacional que ponen en situaciones deriesgo a los viajeros internacionales, los residentes en el extranjero y los trabajadores en distintas partes del mundo.

Quedan pocos lugares en el planeta realmente seguros, si tenemos en cuenta factores como el riesgo de secuestros, extorsiones, detenciones, accidentes, ataques terroristas, conflictos políticos, ataques de piratería, catástrofes naturales, etc. por lo que la empresa, ademásde tener en cuenta factores como la retribución del expatriado, su vida familiar, alojamiento o fiscalidad, ha de plantearse seriamente la seguridad física y emocional del empleado y su familia.

Respecto a la aplicabilidad de la legislación española, es importante destacar que el Convenio de Roma, en su Artículo 6 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales del que nuestro país esfirmante, a la libertad de elección por las partes de la ley que ha de regir el contrato, exceptúa los contratos de trabajo, ya que “la elección por las partes de la ley aplicable no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le proporcionen las disposiciones imperativas de la ley que sería aplicable” ( …)

Además, una empresa española con filial en un país conlegislación propia sobre prevención de riesgos laborales y que contrate nacionales de ese Estado, deberá analizar los deberes concretos que dicha normativa le imponga.

En cuanto a la jurisdicción competente en el orden social el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece que los juzgados y tribunales españoles
serán competentes.

“En materia de derechos yobligaciones derivados de contrato
de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España
o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el
demandado tenga su domicilio en territorio español o una
agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación
en España; cuando el trabajador y el empresario tengan
nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar deprestación de los servicios o de celebración del contrato; y
además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue
precedido de oferta recibida en España por trabajador
español.”

La protección legal de la seguridad y salud del trabajador tiene su origen en nuestra legislación actual, en los principios rectores de la política social y económica, proclamados en la Constitución de 1978,concretamente en el artículo 40.2 en el que se declara que los poderes públicos “velarán por la seguridad e higiene en el trabajo”.

Como desarrollo de estos principios, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales recoge una serie de obligaciones para el empresario destinadas a garantizar una protección eficaz de los trabajadores mediante la acción preventiva.

Susdisposiciones tienen carácter de derecho mínimo e indisponible y consisten, a grandes rasgos, en la necesidad de elaborar un plan previo de evaluación y planificación (art. 16) antes del inicio de la actividad laboral o del desplazamiento, en que el empresario debe asegurarse de que los trabajadores reciban toda la información relacionada con los riesgos para su seguridad y las medidas de protecciónadoptadas (art. 18) y en caso de riesgo grave e inminente, la empresa debe adoptar las medidas necesarias para interrumpir la actividad del trabajador y garantizar su seguridad (arts. 20 y 21).

Estos deberes del empresario no se diluyen o desaparecen por el hecho de que el trabajador esté en misión o desplazado, sino todo lo contrario, debido a la situación de desamparo y mayor exposición en la...