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 DECRETO Nº 81.
 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 CONSIDERANDO:
Que, para llenar un vacío en nuestro derecho positivo, es necesario erigir la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual conocerá de las controversias que se susciten en relación con la legalidad de los actos de la Administración Pública; 
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y ainiciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia, con base en los artículos 47 Nº 13º y 81 de la Constitución Política,
DECRETA la siguiente:

LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
 
CAPITULO I
JURISDICCION Y COMPETENCIA
 Art. 1.- Erígese la jurisdicción contencioso administrativa como atribución de la Corte Supremade Justicia. La potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en esta materia corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo.
 
Art. 2.- Corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de las controversias que se susciten en relación con la legalidad de los actos de la Administración Pública.
Para los efectos de esta ley se entiende por Administración Pública:a) el Poder Ejecutivo y sus dependencias, inclusive las instituciones autónomas, semiautónomas y demás entidades descentralizadas del Estado;
b) los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos independientes, en cuanto realizan excepcionalmente actos administrativos; y,
c) el Gobierno Local.
Art. 3.- También procede la acción contencioso administrativa en los casos siguientes:
a)contra actos administrativos dictados en ejercicio de facultades discrecionales incurriendo en desviación de poder.
Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico;
b) contra la denegación presunta de una petición. Hay denegación presunta cuando la autoridad o funcionario no haga saber su decisión alinteresado en el plazo de sesenta días, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud; y,
c) contra actos que se pronunciaren en aplicación de disposiciones de carácter general de la Administración Pública, fundada en que tales disposiciones adolecen de ilegalidad.
 
Art. 4.- No corresponderán a la jurisdicción contencioso administrativa:
a) los actos políticos o de gobierno;
b) laactividad privada de la Administración Pública;
c) los actos del Consejo Central de Elecciones y demás organismos electorales relacionados exclusivamente con la función electoral;
ch) los actos de la Corte de Cuentas de la República relacionados con la fiscalización de la Hacienda Pública;
d) los actos del Consejo Superior de Salud Pública ejecutados en virtud de la facultad que le confiere elartículo 208 de la Constitución Política;
e) las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil; y,
f) LITERAL DEROGADO. (1) 
Art. 5.- La jurisdicción del tribunal de lo contencioso administrativo es improrrogable y se extenderá a todo el territorio de la República.
Art. 6.- Los conflictos de competencia que se susciten en razón de la aplicación de la presente ley, serán dirimidos por la CorteSuprema de Justicia.
 Art. 7.- No se admite la acción contencioso administrativa respecto de los siguiente actos:
a) los consentidos expresamente, y aquéllos en que no se haya agotado la vía administrativa. Se entiende que está agotada la vía administrativa, cuando se haya hecho uso en tiempo y forma de los recursos pertinentes y cuando la ley lo disponga expresamente; y
b) los que sean reproducciónde actos anteriores ya definitivos o firmes, y los confirmatorios de acuerdos consentidos por haber obtenido estado de firmeza.


No obstante se admitirá la impugnación contra los actos a que se refiere este artículo, cuando fueren nulos de pleno derecho y estén surtiendo efecto; pero ello, únicamente para el solo efecto de declarar su ilegalidad sin afectar los derechos adquiridos.
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