Decretos Legislativos De La Amazonía Peruana

INFORME LEGAL SOBRE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 1090, 1064, 1080, 1081 Y 1089
Elaborado por algunos integrantes de la Comisión Consultiva de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República*
El presente informe hace un análisis legal sobre la viabilidad de la aplicación de los Decretos Legislativos 1090, 1064, 1080, 1081 y 1089 emitidospor el Poder Ejecutivo Noviembre, 2008 ____________________________________________
* Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) Foro Ecológico del Perú Oxfam América, Programa de Gestión Social del Agua y Ambiente en Cuencas (GSAAC) Servicios Educativos Rurales (SER) Servicios enComunicación Intercultural Servindi Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) WWF- Perú

ÍNDICE
• Introducción • Análisis de los Decretos Legislativos • Análisis sobre la Constitucionalidad de los Decretos Legislativos • Conclusiones • Recomendaciones

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Introducción
El presente documento contiene informes legales de los Decretos Legislativos 1090, 1064, 1080, 1081 y 1089 emitidos en el marcode la delegación de funciones legislativas otorgadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo para que adecue la legislación nacional al propósito de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial o Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre el Perú y los Estados Unidos. La promulgación de dichos decretos legislativos generó fuertes cuestionamientos respecto a su constitucionalidad,debido a que los decretos legislativos fueron expedidos sin contar con la participación y consulta de los pueblos indígenas, quienes han reclamado estar afectados de manera directa en sus derechos sobre el territorio. Respecto a esta omisión varios especialistas coinciden, por ejemplo, en señalar lo siguiente: “Los Decretos Legislativos vulneran el derecho a la participación y a la consulta a losPueblos Indígenas establecido en el Convenio 169 de la OIT, asimismo, vulneran el principio de seguridad jurídica respecto a las tierras comunales al flexibilizar el marco de adopción de decisiones para la disposición de las mismas para convertirlas en viene transables en el mercado” 1 En el citado informe de la Dra. Patricia Urteaga se expone la manera cómo se interpreta el derecho de consulta,según Sargent (1998), y se propone tomar en cuenta instrumentos que forman parte del derecho internacional público como la Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales, las prácticas de los Estados que establecen estándares de aplicación, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los PueblosIndígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros. La Convención de Viena indica que existen tres tipos de interpretación: subjetiva, objetiva o textual y teleológica. Generalmente los Estados hacen una interpretación textual, con lo que entienden que el derecho a la consulta es básicamente de carácter procedimental, más no un derecho sustantivo, uninstrumento esencial para la legitimidad de una norma que involucra a los pueblos indígenas, ya que lo entienden como que tienen que ser meramente consultados y no es necesario contar con su consentimiento. En ese sentido, no cabe admitir el argumento del Estado respeto a que las normas emitidas el 28 de junio de 2008, al vencimiento del plazo otorgado por el Congreso, no requerían la consulta ni laparticipación de los pueblos indígenas. El derecho a la consulta no solo se encuentra consagrado en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales N° 169 de la Organización Internacional de l Trabajo (OIT), sino también en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de la ONU. Además, es necesario tener en consideración la...