Decretos salud sanitaria

En Colombia el Estado de Emergencia económica, social y ecológica es, junto con el estado de guerra exterior y el estado de conmoción interior, uno de los tres tipos de Estados de Excepción que, según el Art. 215 de la Constitución Nacional (reglamentado por la Ley 137/94), habilitan al Presidente de la República para declarar, por 30 días, la emergencia frente a hechos que constituyan gravecalamidad pública, o que perturben en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país. Durante este período el Presidente y los ministros pueden dictar decretos con fuerza de ley sólo sobre los hechos que motivan la declaratoria, requiriéndose demostrar que los instrumentos legales vigentes son insuficientes y no aptos para conjurar la situación y la imposibilidad de prever lascausas que la originan. Causas de la emergencia y su impacto: Mitos sobre la crisis del sector La declaratoria de emergencia social se justifica en el déficit económico de los hospitales, la aparente crisis financiera de las EPS y gobiernos territoriales y la insuficiencia de recursos que se deriva de un crecimiento de la demanda de servicios no contemplados por la Ley 100 de 1993 en los planesde beneficios, que se califica de irracional, injustificada, abrupta, acelerada, inusitada y sobreviniente; resultado del comportamiento inmoral de pacientes, médicos, jueces y autoridades públicas de salud. Según el Gobierno, si este comportamiento no se corrige, llevaría a un incremento de los costos de la atención de las enfermedades que pondría en peligro la viabilidad y sostenibilidad delsistema de salud y el goce efectivo de los colombianos al derecho a la salud.
Ante este diagnóstico, y con el propósito de corregir las supuestas prácticas irracionales, los decretos contienen una serie de temerarias medidas orientadas a controlar los costos de la atención de la enfermedad y disminuir el gasto público en salud, que han suscitado el rechazo generalizado de los profesionales de lasalud, y de las asociaciones científicas y de hospitales; han detonado la alarma e indignación de los afiliados al sistema, tanto pobres como de clase media, y exaltado la crítica de los expertos y comentaristas sobre la deteriorada situación de la salud en Colombia.
Los decretos constituyen un verdadero atentado contra el derecho a la atención de la enfermedad, el bienestar y calidad de vida detodos los colombianos, y contra el buen desarrollo científico de la medicina, su ejercicio y las condiciones de trabajo de los profesionales y trabajadores de la salud. Esto porque al igualar los beneficios entre regímenes con un POS reducido; imponer mayores obstáculos para el acceso a los servicios de salud y mayor gasto del bolsillo de las familias para su utilización; fomentar la privatización dela prestación de los servicios de salud a cargo de la red pública; limitar el ejercicio autónomo de la práctica médica y establecer nuevos impuestos regresivos al consumo, las medidas llevarán a un mayor enriquecimiento de quienes se benefician del negocio de la salud y a la ruina de personas y familias pobres y de clase media, quienes por el contrario, debieran ser objeto de protección financierapor parte del seguro público frente a los altos costos de la atención de la enfermedad.
Nivelación del POS “por lo bajo”
Con la emergencia social el Gobierno ha escogido el camino de priorizar servicios de atención básica, de calidad y tecnologías de nivel medio, y la aplicación de técnicas de costo-efectividad para nivelar los Planes Obligatorios de Salud –POS (Cap. II, Decreto 131/10). Aunqueseguramente aumentarán un poco los beneficios del régimen subsidiado, el efecto neto de tal decisión será disminuir y tornar mediocres los beneficios y contenidos tecnológicos actualmente incluidos para el régimen contributivo, en el nuevo POS para todos. Igualmente, en nombre del interés general y de los criterios de inclusión propuestos, terminará por excluir las condiciones de salud de...