DEL DERECHO DE DEFENSA
Páginas: 10 (2442 palabras)
Publicado: 8 de mayo de 2014
EL DERECHO DE DEFENSA
“El Estado de Derecho es la condición necesaria para establecer una verdadera democracia (…) no hay democracia verdadera y estable sin justicia social”.1
1. EN EL ÁMBITO CONTINENTAL.
El año pasado durante el Segundo Encuentro de Juristas Católicos de la Pastoral Penitencia del Cono Sur reunido en Asunción - Paraguay, la Delegación Bolivariana -Colombia,Venezuela, Ecuador Perú y Bolivia-, que honrosamente nos correspondió representar en nuestra condición de asesores del CELAM para la misma, propuso redefinir el concepto del Derecho de Defensa en el proceso penal a la luz de los ordenamientos constitucionales y legales que lo garantizan.
Del análisis de la situación continental, concluimos que en todos los países se está vulnerando este derecho,pues se impide al procesado designar su abogado de confianza, obligándolo a recibir uno de oficio o de la Defensoría Pública, organismo del Estado, que en el proceso es la contraparte del inculpado.
Si la confidencialidad es la característica fundamental que debe existir en la relación inculpado – defensor, nos preguntábamos si esa confianza es posible cuando la defensa es asumida por unfuncionario del estado, su acusador natural, o un abogado designado caprichosamente por el Fiscal o por el Juez.
Muchos fueron las situaciones que se debatieron. Entre ellas:
El inculpado carente de recursos económicos no tiene la posibilidad de designar un abogado de confianza, situándolo en condiciones de inferioridad frente al que si los tiene, vulnerándosele el derecho de igualdadante la ley;
La Defensoría Pública designa profesionales del derecho que, si bien cumplen una función mecánica en la defensa, la mayoría de las veces no tienen contacto directo con el, es decir, no conocen su situación real frente al proceso. La condición de funcionarios públicos de estos profesionales, que en el transcurso un breve tiempo se burocratizan, los vuelve insensibles sobre larealidad del inculpado, limitándose a ejecutar ciertos actos procesales para evitar nulidades, evidenciando una total falta de interés por su prohijado.
A los funcionarios judiciales que no están interesados en hacer justicia sino en acumular méritos para ascender en el escalafón de la carrera judicial emitiendo pronunciamientos condenatorios, simplemente les preocupa que aparezca la firma de unabogado para darle visos de legalidad a la diligencia.;
La falta de una remuneración estipulada para el profesional de oficio, o la mínima establecida para el Defensor Público, que debe atender infinidad de procesos, hace que pierdan interés por el caso en particular.
Estas y muchas otras consideraciones sirvieron de base para que, luego de un análisis detenido y animados por el deseo dehacer efectivo el DERECHO DE DEFENSA, se dijera en el documento final:
“El debido proceso judicial consagrado en nuestras legislaciones es vulnerado porque no se respetan los plazos procesales; no se garantiza el derecho de defensa pues se desconoce la libertad del carente inculpado a designar su defensor de confianza; no se respeta la presunción de inocencia por vía de la prisión preventivay se retardan o se niegan los “beneficios” legales.
(…)
Por lo tanto nos comprometemos a:
(…)
A promover y profundizar la formación de los Juristas Católicos en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y a solicitar de las Universidades Católicas asuman su compromiso cristiano en la Carcelación. A elaborar programas de extensión en las universidades no católicas para promover la DSI yla Misericordia como virtud evangélica.
(…)
A determinar principios para que el reconocimiento de los Derechos Humanos se convierta en tema central de una política criminal respetuosa de los derechos de Dios y del Hombre, creado a su Imagen.”.2
2. EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991.
La normatividad consagrada en la Constitución del 91, que recogió la doctrina y jurisprudencia...
“El Estado de Derecho es la condición necesaria para establecer una verdadera democracia (…) no hay democracia verdadera y estable sin justicia social”.1
1. EN EL ÁMBITO CONTINENTAL.
El año pasado durante el Segundo Encuentro de Juristas Católicos de la Pastoral Penitencia del Cono Sur reunido en Asunción - Paraguay, la Delegación Bolivariana -Colombia,Venezuela, Ecuador Perú y Bolivia-, que honrosamente nos correspondió representar en nuestra condición de asesores del CELAM para la misma, propuso redefinir el concepto del Derecho de Defensa en el proceso penal a la luz de los ordenamientos constitucionales y legales que lo garantizan.
Del análisis de la situación continental, concluimos que en todos los países se está vulnerando este derecho,pues se impide al procesado designar su abogado de confianza, obligándolo a recibir uno de oficio o de la Defensoría Pública, organismo del Estado, que en el proceso es la contraparte del inculpado.
Si la confidencialidad es la característica fundamental que debe existir en la relación inculpado – defensor, nos preguntábamos si esa confianza es posible cuando la defensa es asumida por unfuncionario del estado, su acusador natural, o un abogado designado caprichosamente por el Fiscal o por el Juez.
Muchos fueron las situaciones que se debatieron. Entre ellas:
El inculpado carente de recursos económicos no tiene la posibilidad de designar un abogado de confianza, situándolo en condiciones de inferioridad frente al que si los tiene, vulnerándosele el derecho de igualdadante la ley;
La Defensoría Pública designa profesionales del derecho que, si bien cumplen una función mecánica en la defensa, la mayoría de las veces no tienen contacto directo con el, es decir, no conocen su situación real frente al proceso. La condición de funcionarios públicos de estos profesionales, que en el transcurso un breve tiempo se burocratizan, los vuelve insensibles sobre larealidad del inculpado, limitándose a ejecutar ciertos actos procesales para evitar nulidades, evidenciando una total falta de interés por su prohijado.
A los funcionarios judiciales que no están interesados en hacer justicia sino en acumular méritos para ascender en el escalafón de la carrera judicial emitiendo pronunciamientos condenatorios, simplemente les preocupa que aparezca la firma de unabogado para darle visos de legalidad a la diligencia.;
La falta de una remuneración estipulada para el profesional de oficio, o la mínima establecida para el Defensor Público, que debe atender infinidad de procesos, hace que pierdan interés por el caso en particular.
Estas y muchas otras consideraciones sirvieron de base para que, luego de un análisis detenido y animados por el deseo dehacer efectivo el DERECHO DE DEFENSA, se dijera en el documento final:
“El debido proceso judicial consagrado en nuestras legislaciones es vulnerado porque no se respetan los plazos procesales; no se garantiza el derecho de defensa pues se desconoce la libertad del carente inculpado a designar su defensor de confianza; no se respeta la presunción de inocencia por vía de la prisión preventivay se retardan o se niegan los “beneficios” legales.
(…)
Por lo tanto nos comprometemos a:
(…)
A promover y profundizar la formación de los Juristas Católicos en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y a solicitar de las Universidades Católicas asuman su compromiso cristiano en la Carcelación. A elaborar programas de extensión en las universidades no católicas para promover la DSI yla Misericordia como virtud evangélica.
(…)
A determinar principios para que el reconocimiento de los Derechos Humanos se convierta en tema central de una política criminal respetuosa de los derechos de Dios y del Hombre, creado a su Imagen.”.2
2. EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991.
La normatividad consagrada en la Constitución del 91, que recogió la doctrina y jurisprudencia...
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