demanda de asistencia familiar

SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 270/2002-R
Sucre, 13 de marzo de 2002

Expediente: 2002-03891-08-RAC
Partes: Melvy Rosío Herbas Castellanos en representación de Elissandra Rizzi, Elissana Gomez Da Cruz, Cristina Ferreira Lima, Ligia Karla Carvalho Filho, Viviane Pereira Felisberto, Cacia Candida Gomez Cavalcante y Giovan Kurtz contra Amalia Anaya Jaldín, Ministra de Educación, Cultura y Deportesy Ramón Daza Rivero, Viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Materia: Amparo Constitucional
Distrito: La Paz
Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera

Vistos: En revisión, la Resolución cursante de fs. 172 a 173, dictada el 7 de enero de 2002 por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del Recurso de AmparoConstitucional seguido por Melvy Rosío Herbas Castellano en representación de Elissandra Rizzi, Elissana Gomez Da Cruz, Cristina Ferreira Lima, Ligia Karla Carvalho Filho, Viviane Pereira Felisberto, Cacia Candida Gomez Cavalcante y Giovan Kurtz contra contra Amalia Anaya Jaldín, Ministra de Educación, Cultura y Deportes y Ramón Daza Rivero, Viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; losantecedentes; y
Considerando: Que en la demanda presentada el 3 de enero de 2002, de fs. 23 a 24, la recurrente expresa que el Director General de Educación Universitaria y Postgrado dependiente del Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología determinó el 9 de marzo de 2001, sancionar a los 33 involucrados en falsificación de notas, en los que consigna el nombre de sus mandantes, anulandolos estudios superiores realizados sobre la base de documentos falsos además de anular todos los estudios realizados posteriormente a la falsificación de documentos así como los convalidados sobre la base de la documentación fraudulenta, debiendo las universidades acatar esa disposición bajo pena de ser pasibles a sanciones.

Que en base a esa determinación, las diferentes Universidades deCochabamba se dieron a la tarea de sancionar a los involucrados, comunicando a los alumnos que figuraban en la lista que no debían ser admitidos en ninguna universidad privada, negándoles el derecho a inscribirse, a seguir estudios universitarios y a obtener certificados de estudios que legalmente vencieron. Que en 22 de noviembre de 2001 solicitaron la reconsideración de esta medida a la Ministra deEducación, sin haber obtenido respuesta alguna hasta la fecha. Que asimismo, pidieron la extensión de certificados de notas sin que el Viceministerio les haya dado ninguna respuesta hasta el presente.

Que la decisión que impide a las universidades privadas darles acceso a la instrucción superior, viola el derecho a la educación que tiene todo ser humano y constituye un acto ilegal y arbitrario,ya que fue adoptada sin previo proceso. Que asimismo, el Viceministerio de Educación instauró proceso penal contra los presuntos falsificadores por falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, situación que al no haber sido probada oportunamente, determinó que el 30 de agosto de 2001 se rechace la apertura de la causa penal por no existir indicios de culpabilidad contra losnombrados.

Que en el caso presente se vulneraron los derechos a recibir instrucción y adquirir cultura, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la educación, por lo que pide se declare Procedente el Recurso y se permita a sus representados proseguir estudios en las diferentes universidades, otorgando validez suficiente a las notas cursadas correctamente. Asimismo, se ordene laextensión de certificados de notas aprobadas, sea con costas, daños y perjuicios.

Considerando: Que de fs. 169 a 171, cursa el acta de la audiencia realizada el 7 de enero de 2002, en la que la recurrente ratificó su demanda y la amplió indicando que la sanción de no permitir la prosecución de estudios superiores a los 33 involucrados, no está prevista en ninguna norma legal, resultando apresurada...