Demanda De Inconstitucionalidad

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
GUETTY MAGNOLLY CAYCEDO

Sentencia C-574/11 DE JULIO 22 DE 201
1. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, un grupo de ciudadanos presentaron demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 1 del Acto Legislativo No 2 de 2009 “por el cual se reforma el artículo 49 (Derecho a la Salud) de la Constitución Política.” Laexpresión demandada es “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”, consideran los demandantes que “el Congreso de la República como poder constituido ha desbordado sus funciones y ha sustituido la Constitución mediante el quebrantamiento de la autonomía personal, un elemento esencial definitorio de la Constitución”. Al respectoseñalan que, “Este elemento esencial definitorio tiene como fundamento en la dignidad humana, un principio absoluto que irradia toda la Constitución que ha sido subvertido y se ha convertido ahora en un principio sujeto a los límites de la concepción mayoritaria del bien”.. Sobre el concepto de violación señalaron que “la expresión acusada del Acto Legislativo No. 2 de 2009 sustituye la autonomíapersonal como elemento esencial definitorio de la Constitución, por lo cual debe ser declarada inexequible”, para sustentar este cargo mencionaron que en la sentencia C-221 de 1994, la Corte despenalizó el consumo personal de drogas bajo la tesis de que, “las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras…”. También citaron lasentencia C-689 de 2002 en la que se examinó la constitucionalidad de los tipos penales contra el tráfico de estupefacientes, al distinguir entre porte y consumo, por un lado y narcotráfico por el otro.

2. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El doctor Ordoñez estableció en su concepto que la norma debe ser declarada EXEQUIBLE porque ninguno de los ejes definitorios de la identidadde la Constitución vigente, y tampoco la dimensión que en la misma se otorga a la autonomía personal, se ven desconocidos o alterados al punto de hacerlos nugatorios o sustituidos con la disposición que se acusa. Considera que la eliminación de la prohibición condicionada al consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas sería contraria a los elementos definitorios de la Constitución queconsagra la salud como derecho fundamental en conexidad con la vida y a un claro deber constitucional. Adicionalmente explicó que el porte y consumo de drogas no son conductas que se puedan separar de la convivencia social. Igualmente consideró que si se realiza una interpretación integral del artículo 49 de la C.P. se puede observar que la prohibición del porte y consumo de sustanciasestupefacientes o sicotrópicas, salvo prescripción médica, está limitado, ya que su regulación se difiere a la ley, que únicamente establecerá dicha prohibición con fines preventivos y rehabilitadores. Del mismo modo estipula la norma que solo pueden establecerse medidas y tratamientos de carácter administrativo de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias, ysiempre y cuando se de el “consentimiento informado del adicto”. Explica que el recurso de aislar una expresión del resto del precepto en donde se encuentra inserto, impide a los actores advertir que la limitación de la autonomía de la persona tiene como base el cuidar de la salud propia y de la comunidad.

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La Corte realiza un análisis del caso procediendo arealizar una interpretación histórica, sistemática, teleológica y literal del precepto demandado.
3.1 Interpretación histórica
Bajo una interpretación histórica del precepto se puede decir que desde que se despenalizó el porte y consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas mediante la Sentencia C-221 de 1994, se presentaron varios intentos de reforma constitucional, ya sea por intermedio...