demanda

Contencioso Administrativo (y en las leyes que lo han reformado) y en
el artículo segundo del Código Procesal del Trabajo, sin que se presenten
fundados motivos de conflictos de jurisdiccionesentre la ordinaria y la
contenciosa administrativa, ya que los regímenes exceptivos consagrados
en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 tienen en ellas inequívocamente
su respectivo juez natural,conforme a las reglas de competencia señaladas
en esos estatutos.
En efecto, al instituirse quién es el juez competente en esos procesos y
cuál es el trámite establecido para los mismos, dentro de losparámetros
fijados por esta Corporación, no se configura lesión alguna a los derechos
fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso, como lo pregona
infundadamente el actor, puesto que enesos procedimientos se garantiza
el derecho de defensa, el derecho a estar debidamente representado, a
conocer y controvertir las pretensiones, a solicitar y controvertir las
pruebas, a impugnarlas decisiones; además de señalarse las actuaciones
que proceden en cada etapa procesal.
Por lo que hace al planteamiento del actor atinente a que la jurisdicción
ordinaria laboral y de seguridadsocial es más expedita que la contenciosa
administrativa, además de tratarse de un cuestionamiento que escapa
al ámbito del control constitucional, no es razón válida para despojar
a esta última deconflictos jurídicos que como se ha dicho se refieren a
materias diferentes, esto es, no son comprensivas de la cabal acepción de
seguridad social integral, por lo que puede el legislador asignar unjuez
natural diferente del que conoce de las controversias que sí son de esta
especialidad. No sobra agregar, que fundar la inconstitucionalidad de
una ley en la menor agilidad o rapidez de unadeterminada jurisdicción
equivaldría a alejar del ordenamiento jurídico las reglas de competencia
de la jurisdicción contencioso administrativo, lo que no sólo sería un
despropósito, sino que además...