demandas



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.
Barcelona, treinta de junio de dos mil ocho
198º y 149º

ASUNTO : BP02-N-2005-000340

Vista el acta de designación de experto de fecha 2 de junio de 2008, mediante la cual se designó al ciudadano RisterRodríguez Boada, titular de la cédula de identidad Nro. 10.936.453, en su condición de Contador Público, para realizar la experticia complementaria al fallo dictado por este Tribunal en fecha 26 de febrero de 2007, librándose la respectiva convocatoria, este Tribunal observa:
En fecha 26 de febrero de 2007, este Juzgado Superior dictó sentencia definitiva en la cual declaró Parcialmente Con Lugar elCobro de Prestaciones Sociales interpuesto por la ciudadana Ofelia Jiménez contra la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre; en consecuencia, ordenó a la demandada el pago de la cantidad de Quince Mil Quinientos Dieciséis Bolívares Fuertes con Setecientos Noventa y Dos Céntimos. (Bs. F. 15.516,792), más la suma que resultara de la experticia complementaria al fallo.
Por consiguiente,siendo la parte demandada, la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, y vista la declaratoria Parcialmente con lugar del Cobro de Prestaciones Sociales incoado, es evidente que la sentencia condenatoria dictada en su oportunidad afecta directamente los intereses del Municipio Bermúdez del Estado Sucre.
En este sentido, el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de laRepública, dispone lo siguiente:

“Artículo 70.- Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente.”.


Igualmente, cabe destacar, que si se observa detenidamente nuestro ordenamiento jurídico, la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal goza de una serie de prerrogativas procesales(inembargabilidad de sus bienes, no condenatoria en costas, privilegios de conocimiento, la no declaratoria de la confesión ficta, entre otras). En este sentido, el constituyentista Allan Brewer Carías sostiene lo siguiente:

“En las leyes orgánicas de Hacienda Pública Nacional y de la Procuraduría General de la República se establece una serie de prerrogativas procesales…que implican excepciones a losprincipios procesales relativos a las citaciones, a la contestación de la demanda y las excepciones dilatorias opuestas, a la exigencia de caución judicial, y a la condición de que “las partes están a derecho”.”.
En otro orden de ideas, aparentemente el legislador delimitó la posibilidad de la existencia de privilegios procesales exclusivamente en cabeza de la República, pero ello permitió unainterpretación expansiva de los titulares de privilegios y prerrogativas procesales, en primer lugar de tipo vertical destinada a los entes políticos territoriales a saber, Estados y Municipios y en segundo lugar de tipo horizontal destinada a la Administración Descentralizada funcionalmente a saber Institutos Autónomos, Empresas Públicas, Universidades, entre otras, de conformidad a lo establecidoen el articulo 311 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual ordena que los principios y disposiciones establecidas para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables, de manera que en caso de demandas laborales contra la República se le aplican las ventajas procesales previstas en la Ley Orgánica deHacienda Pública Nacional, Decreto Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, las cuales han sido extendidas de manera genérica a nivel vertical en los Estados y Municipios, y a nivel horizontal en las Universidades e Institutos Autónomos.
El ordenamiento jurídico atribuye a otros entes estatales privilegios procesales pero de no manera genérica, sino de manera aislada tal es...