derecho administrativo

TC (Sala Pleno), sentencia núm. 99/1987 de 11 junio. RTC 1987\99

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y doña Gloria Begué Cantón, don Angel Latorre Segura, don Francisco Rubio Llorente, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don MiguelRodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 763/84, promovido por don José María R. G., comisionado al efecto por 53 Diputados del Congreso, contra determinados preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto ( RCL 1984\2000, 2317, 2427 y ApNDL6595), de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Han sido parte el Congreso de los Diputados, representado por el Letrado de las Cortes Generales don Fernando Santaolalla López; el Senado, representado por el Letrado de las Cortes Generales, don Manuel Alba Navarro, y el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Carlos de la Vega Benayas,quien expresa el parecer del Tribunal.
I. ANTECEDENTES
1.
Por escrito que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el pasado 2 de noviembre de 1984, don José María R. G., Comisionado al efecto por 53 Diputados del Congreso, interpuso, en la representación que ostentaba, recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para laReforma de la Función Pública, que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto del mismo año. Se presentó este escrito integrando los requisitos dispuestos en el art. 33 de la Ley Orgánica de este Tribunal ( RCL 1979\2383 y ApNDL 13575), acreditando la condición de Diputados de los recurrentes y el carácter de Comisionado de quien, en su nombre, realizó su representación.
2.En el escrito de interposición del recurso, tras afirmar el cumplimiento de sus presupuestos y requisitos procesales, pasan los recurrentes a fundamentar sus motivos de impugnación en los términos que a continuación se resumen:
a) El primero de los motivos del recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 30/1984 se dirige a cuestionar la legitimidad constitucional de algunos de sus preceptos(disposiciones adicionales novena, decimoquinta y decimosexta) sobre la base de que la tramitación parlamentaria de la que los mismos fueron objeto vulneró normas reglamentarias de las Cámaras y, a su través, preceptos constitucionales (los arts. 87.1, 89 y 90 de la Norma fundamental) ( RCL 1978\2836 y ApNDL 2875).
La argumentación de este primer motivo se fundamenta en tres tipos deconsideraciones. La primera consistente en que las enmiendas a que se refiere el art. 123 del Reglamento del Senado ( RCL 1982\1712 y ApNDL 12970) son las enmiendas parciales. A tal fin, tras referirse a que en los Reglamentos de las Cámaras, la expresión enmiendas queda reservada para las de la totalidad y articulado, sostienen que al quedar limitada la actividad legislativa del Senado respecto a un proyectoo proposición de Ley, a la propuesta de veto y a la formulación de enmiendas parciales, la expresión de «enmienda» contenida en el art. 123 del Reglamento del Congreso ( RCL 1982\552 y ApNDL 2791) está referida exclusivamente al concepto de enmienda parcial al articulado.
La segunda de las consideraciones se refiere a que la calificación jurídica-parlamentaria de las disposiciones adicionalesnovena, decimoquinta y decimosexta no son verdaderas enmiendas parciales al articulado, sino meras proposiciones de Ley.
Finalmente, afirman que la Constitución y los Reglamentos de ambas Cámaras han querido que los proyectos y proposiciones de Ley tengan un procedimiento de producción normativa en el que los Grupos y Parlamentarios tengan la oportunidad de expresar su petición, no resultando...