Derecho Administrativo
Páginas: 30 (7316 palabras)
Publicado: 24 de julio de 2011
ACTIVIDAD DE FOMENTO.
En la formulación doctrinal que mayor éxito ha tenido entre nosotros, L. Jordana de Pozas, al categorizar la acción administrativa con arreglo a la ya clásica trilogía de policía, fomento y servicio público, definió el fomento como “la acción de la Administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particularesy que satisfacen necesidades públicas o que se estiman de utilidad general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos”. Quizás más precisamente, la actividad administrativa de fomento puede definirse como el conjunto de actuaciones administrativas que comportan el otorgamiento de auxilios directamente destinados a ampliar la esfera de derechos de los sujetos a quienes se dirigen mediantela utilización formal de técnicas y medios concretos que estimulan, promueven y potencian, por razones de interés general, determinadas actividades desarrolladas por otras personas o entidades.
Entre las notas que configuran técnicamente el concepto de la actividad administrativa de fomento, hemos de destacar las siguientes:
1ª.- Es una Actividad Jurídica de la Administración Pública.Frente a la cara hosca de la actividad de policía o de ordenación, que obligaba a rodearla de un amplio conjunto de cautelas y límites jurídicos para tutelar los derechos de los ciudadanos, la actividad de fomento gozaba desde sus orígenes de una cara amable y benéfica, ampliatoria de los derechos individuales, que la hacía parecer no necesitar disciplina jurídica de ningún tipo, al estar basada enprincipios de liberalidad. Esta aparente ajenidad de la actividad de fomento al mundo del Derecho tuvo como efecto la inaplicación de alguno de los principios básicos del Derecho público: el de reserva de Ley, el de igualdad ante la misma, el de legalidad de la actuación administrativa y el de sujeción al procedimiento debido.
No obstante, en el contexto post-constitucional no puede seguirsemanteniendo esa supuesta “a juridicidad” de la actividad de fomento, porque:
* En cuanto tal queda afectada al interés general que la Administración está obligada a servir con su actuación (art. 103 CE), por ello se prohíbe expresamente un uso de las medidas de fomento por mera liberalidad (art. 27 RSCL), aplicadas a actividades privadas desprovistas de toda conexión sustancial con el interéspúblico.
* Como actividad jurídica de la Administración aparece, en sus diversas manifestaciones de carácter honorífico (premios y menciones), jurídicas o financieras y fiscales (beneficio de expropiación, exenciones y bonificaciones tributarias, subvenciones, etc.), subordinada al principio de legalidad de la acción administrativa (Art. 103 CE) y al principio de reserva material de ley.
*Finalmente, hay que decir que la actividad de fomento es susceptible, como toda actuación administrativa, de control judicial en cuanto a su legalidad y sometimiento a los fines que la justifican (Art. 106.1 CE). Especial relieve cobran en esta materia los Principios Generales del Derecho como instrumentos de control contencioso de la acción de fomento: principios de igualdad, de interdicción dearbitrariedad de la Administración, de proporcionalidad de la actuación administrativa, etc.
2ª.- Amplía la esfera de Derechos de los Sujetos a que se Dirige.
Los actos administrativos que integran la actividad de fomento son actos declarativos de derechos, en la medida que enriquecen su ámbito patrimonial o personal con un derecho antes inexistente o liberan de alguna carga o deber jurídico;en definitiva, producen un resultado ventajoso para el destinatario.
Los sujetos beneficiarios de la acción de fomento pueden ser tanto personas privadas (físicas o jurídicas) como Administraciones Públicas (en este sentido, la subvención ha representado tradicionalmente una importante ayuda financiera del Estado a las Entidades Locales y a determinados entes públicos funcionalmente...
En la formulación doctrinal que mayor éxito ha tenido entre nosotros, L. Jordana de Pozas, al categorizar la acción administrativa con arreglo a la ya clásica trilogía de policía, fomento y servicio público, definió el fomento como “la acción de la Administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particularesy que satisfacen necesidades públicas o que se estiman de utilidad general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos”. Quizás más precisamente, la actividad administrativa de fomento puede definirse como el conjunto de actuaciones administrativas que comportan el otorgamiento de auxilios directamente destinados a ampliar la esfera de derechos de los sujetos a quienes se dirigen mediantela utilización formal de técnicas y medios concretos que estimulan, promueven y potencian, por razones de interés general, determinadas actividades desarrolladas por otras personas o entidades.
Entre las notas que configuran técnicamente el concepto de la actividad administrativa de fomento, hemos de destacar las siguientes:
1ª.- Es una Actividad Jurídica de la Administración Pública.Frente a la cara hosca de la actividad de policía o de ordenación, que obligaba a rodearla de un amplio conjunto de cautelas y límites jurídicos para tutelar los derechos de los ciudadanos, la actividad de fomento gozaba desde sus orígenes de una cara amable y benéfica, ampliatoria de los derechos individuales, que la hacía parecer no necesitar disciplina jurídica de ningún tipo, al estar basada enprincipios de liberalidad. Esta aparente ajenidad de la actividad de fomento al mundo del Derecho tuvo como efecto la inaplicación de alguno de los principios básicos del Derecho público: el de reserva de Ley, el de igualdad ante la misma, el de legalidad de la actuación administrativa y el de sujeción al procedimiento debido.
No obstante, en el contexto post-constitucional no puede seguirsemanteniendo esa supuesta “a juridicidad” de la actividad de fomento, porque:
* En cuanto tal queda afectada al interés general que la Administración está obligada a servir con su actuación (art. 103 CE), por ello se prohíbe expresamente un uso de las medidas de fomento por mera liberalidad (art. 27 RSCL), aplicadas a actividades privadas desprovistas de toda conexión sustancial con el interéspúblico.
* Como actividad jurídica de la Administración aparece, en sus diversas manifestaciones de carácter honorífico (premios y menciones), jurídicas o financieras y fiscales (beneficio de expropiación, exenciones y bonificaciones tributarias, subvenciones, etc.), subordinada al principio de legalidad de la acción administrativa (Art. 103 CE) y al principio de reserva material de ley.
*Finalmente, hay que decir que la actividad de fomento es susceptible, como toda actuación administrativa, de control judicial en cuanto a su legalidad y sometimiento a los fines que la justifican (Art. 106.1 CE). Especial relieve cobran en esta materia los Principios Generales del Derecho como instrumentos de control contencioso de la acción de fomento: principios de igualdad, de interdicción dearbitrariedad de la Administración, de proporcionalidad de la actuación administrativa, etc.
2ª.- Amplía la esfera de Derechos de los Sujetos a que se Dirige.
Los actos administrativos que integran la actividad de fomento son actos declarativos de derechos, en la medida que enriquecen su ámbito patrimonial o personal con un derecho antes inexistente o liberan de alguna carga o deber jurídico;en definitiva, producen un resultado ventajoso para el destinatario.
Los sujetos beneficiarios de la acción de fomento pueden ser tanto personas privadas (físicas o jurídicas) como Administraciones Públicas (en este sentido, la subvención ha representado tradicionalmente una importante ayuda financiera del Estado a las Entidades Locales y a determinados entes públicos funcionalmente...
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