DERECHO CORPORATIVO

DERECHO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN MÉXICO*
SUMARIO: I. Panorama legislativo. II. Noción de obra pública.
III. Sistemas de realización de las obras públicas. IV. Contencioso administrativo de las obras públicas.

I. PANORAMA LEGISLATIVO
1. Primer antecedente
A partir de la Constitución de 1917, la primera norma jurídica relativa a
las obras públicas fue el artículo 134 de la misma.
Enefecto, en dicho precepto, aunque en forma sumamente lacónica,
se estableció que las obras públicas deberían otorgarse en subasta pública, es decir, someterlas a concurso para escoger al mejor postor o realizador de la obra pública, seguramente en las mejores condiciones económicas, técnicas y de tiempo.
El precepto decía, en su texto original: “Todos los contratos que el
gobierno tenga que celebrarpara la ejecución de obras públicas serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten
proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública”.
Como podrá observarse, se trata de una norma de contenido procedimental, pues está marcando el camino o las formalidades que debe seguir
el gobierno en la contratación de las obras públicas, y son bases, por otraparte, muy generales, que por su propia índole requieren de una ley reglamentaria que concrete, detalle o precise más el procedimiento. Sin
embargo, la ley no se expidió pronto, tardó casi medio siglo en aparecer.
Propició en la práctica la falta de esa ley, que las autoridades administrativas contrataran las obras públicas siguiendo criterios distintos en cada caso. Fomentó, por lo pronto, laanarquía en la decisión de elegir contratistas y en las condiciones de contratación, terminación y recepción de
las obras. Surgieron así los contratistas del régimen, o sea, los pocos pri* Publicado en Actualidad y perspectivas del derecho público a fines del siglo XX.
Homenaje al profesor Garrido Falla, Madrid, Editorial Complutense, 1992, vol. II.

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ALFONSO NAVA NEGRETEvilegiados que en cada periodo de seis años de gobierno eran los “escogidos” para realizar las obras públicas más importantes del país.
A pesar de no contar con una ley que pudiera estimarse como reglamentaria del precepto transcrito, la administración pública federal no se
vio impedida para realizar obras públicas importantes, como caminos, vías
férreas, presas, puentes, edificios públicos, etcétera.Hubieron ciertamente algunos conjuntos de normas relacionados con
las obras públicas, pero dispersos en varios ordenamientos legales.
Tres antecedentes importantes, por ejemplo, pioneros y embrionarios de
un régimen legal de las obras públicas federales, lo fueron la Ley sobre
Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte de 1931,1 la
Ley de Vías Generales de Comunicación de 19322 yla Ley de Servicio de
Inspección Fiscal de 19363. Las dos primeras, con algunas normas fragmentarias, sin coordinación de ninguna especie, pero eran las únicas, y la
tercera, con un gran avance, ya que consideró como materia del servicio
de inspección fiscal: “Intervenir en los actos o contratos relacionados con
las obras de construcción, instalación y reparación que se lleven a cabo
porcuenta del Gobierno Federal y vigilar la ejecución de los mismos” (artículo 4o., fracción V). Era responsable de este servicio la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Contemporánea a esas tres leyes —y vigente aún— debe citarse también la Ley de Expropiación,4 que al señalar las causas de utilidad pública lo hace inclusive para obras públicas.
Poco después vendrá la Ley de Vías Generales deComunicación, hoy
vigente, de 1940,5 que también recoge algunas reglas relativas a las obras
públicas, pero sin constituir un régimen ordenado de las mismas.
Ninguno de esos ordenamientos legales en cita fue, ni podía ser, reglamentario del artículo 134 constitucional no sólo porque expresamente no
se ostentaron como tales, sino también, como puede advertirse, porque
su mismo contenido...