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Se puede decir que, el Derecho administrativo venezolano no emergió de la nada sino que, por el contrario, ha sido el resultado de una larga evolución, Ahora para comprender plenamente su sentido y su verdadero alcance, conviene conocer los antecedentes. Es por ello que la historia es necesaria para tener del Derecho administrativo venezolano existente, una visión más allá que de un Ordenamientojurídico que se impone en cuanto tal. Pero también es frecuente, que la doctrina se remonte a la historia lejana para tratar de fijar el origen y la realidad del Derecho administrativo. Y sin negar la posible existencia, desde antiguo, incluso, de técnicas jurídicas remotas, es fácil concluir que estos extremos deben relativizarse, y no sacar conclusiones indebidas.
La característica de losreglamentos como actos administrativos es, en primer lugar, que son actos dictados en ejecución indirecta y mediata de la
Constitución, y directa e inmediata de la legislación; por ello, como todo acto administrativo, siempre son de carácter sublegal.
En segundo lugar, se trata de actos administrativos que siempre son de efectos generales, es decir, de carácter normativo, y que, por tanto, integrano modifican el ordenamiento jurídico“Es norma jurídica de carácter general dictado por la Administración Pública, para su aplicación a todos los sujetos de derecho y en todos los casos que caigan dentro de sus supuestos de hecho.”
Pero como se dijo, el reglamento, aun cuando tiene contenido normativo e integra el ordenamiento jurídico, está siempre subordinado a la ley. Tal como lo ha señaladola antigua Corte Suprema de Justicia:“Las disposiciones de los reglamentos que conforme a ella han de dictarse, tienen el carácter de normas secundarias respecto a las de la Ley
Teniendo como base, la luz del sistema constitucional chileno, se denomina potestad reglamentaria “la facultad que tiene el Presidente de la República y otras autoridades administrativas para dictar normas jurídicas concontenido general que tienden a dar cumplimiento a la Constitución y a las leyes”1. En un sentido más estricto el profesor J. L. Cea Egaña la define como, “la atribución especial del Presidente de la República para dictar, unilateralmente, normas jurídicas generales o especiales destinadas al gobierno y administración del Estado o a la ejecución de las leyes”2.
En este sentido, como señala E. SilvaCimma, existen Bases Constitucionales de los “actos administrativos”4, dentro de las cuales se destacan dos disposiciones de la Carta: a) el artículo 24, que configura la potestad genérica de dictar “actos administrativos”, tanto los actos políticos o de gobierno, como los actos administrativos propiamente tales, que en su materialización formal se traducen en la dictación de reglamentos,decretos e instrucciones, y b) el artículo 32 N° 8, que establece de forma específica la potestad normativa o reglamentaria del Presidente de la República.
De esta manera se deben distinguir dos ámbitos: a) especial, que arranca del art. 32, N° 8, de la Constitución; b) general, que se desprende del art. 24, de la misma Carta Fundamental.
De la norma constitucional del artículo 32, N° 8, se derivan lasdos clases de potestades reglamentarias existentes. En primer lugar, la potestad reglamentaria autónoma o extendida, que tiene lugar “(...)en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal(...)”, es decir, las materias que no se encuentren en el ámbito de la reserva legal. Y en segundo lugar, la potestad reglamentaria de ejecución o propiamente tal, que se traduce en “(...) losdemás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”.
A su vez, el artículo 24 de la Carta, configura un claro papel constitucional del Presidente de la República, al señalar en su inciso primero que: “El gobierno y la administración del Estado corresponde al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado”.
De este modo, analizando los dos...