Derecho Penal Y Principios Constitucionales

DERECHO PENAL Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Juan Carlos CARBONELL MATEU
Catedrático de Derecho penal Universitat de València. Estudi General

1. El Derecho penal es, de todas las ramas del Ordenamiento, la más estrechamente ligada con la Constitución. Su función es la tutela de valores e intereses con relevancia constitucional. La Constitución es la norma que define y escoge los valores a losque ha de servir el Ordenamiento. Por eso, no sólo delimita el campo de acción del Derecho penal (en mi opinión, de forma positiva), sino que además, fundamenta y limita la actuación de los poderes públicos. Así, somete expresamente al legislador democrático a la obligación positiva de tutelar ciertos bienes, como el medio ambiente o el patrimonio cultural e histórico. Ello no puede conducir apensar que no exista una obligación implícita de tutela de otros valores, cuya naturaleza individual ha hecho innecesaria la mención: el Tribunal Constitucional declaró, por ejemplo la necesidad implícita de tutelar la vida en formación (STC 25-4-1985). Del artículo 9.2 CE, auténtica formulación del Estado social de Derecho, donde se proclama que corresponde a los poderes públicos promover lascondiciones y remover los obstáculos para hacer efectivas la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra y asegurar su participación en la vida política, económica, cultural y social, se desprende, como también después veremos, no sólo la legitimación sino incluso la obligación de tutelar valores de titularidad social, comunitaria o supraindividual: los bienes jurídicoscolectivos. La Constitución no contiene en su seno una Política Criminal concreta ni, por tanto, establece unos criterios fijos; si así lo hiciera dejaría de ser el instrumento básico regulador de la convivencia democrática y pluralista para convertirse en un programa político partidista; pero sí marca unas líneas programáticas generales y contiene un sistema de valores, que no puede ser contradicho.Es más, contiene referencias muy concretas al Derecho penal, como la supresión de la pena de muerte (salvo lo que pudieran disponer las leyes militares para tiempo de guerra, que, por cierto, durante un cierto tiempo han dispuesto, (art. 15) o la prohibición de que la Administración pueda imponer, directa o indirectamente privación de libertad (art. 25.2). Una de estas referencias, contenida en elart. 25.1, establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad han de tender a la reinserción social. Si entendiéramos la

Constitución como un programa concreto, interpretaríamos que el precepto establece el carácter preventivo-especial de la pena, con absoluta prevalencia sobre otros fines. Ya hemos visto cómo esa interpretación sería no sólo indeseable sinoconceptualmente imposible. Concibiendo la Constitución como un marco, en cambio, sí resulta adecuado afirmar la necesidad de que en la ejecución de esas penas y medidas, necesariamente se haya de tender a la reinserción social . Por cierto que ello otorga un amplio abanico de posibilidades al legislador para regular dicha ejecución y a los gobiernos para concretarla de acuerdo con las diversas opcionespolítico-criminales.
Un ejemplo lo constituye la polémica abierta durante los debates sobre el Código penal de 1.995 en torno a la política de reinserción de los terroristas, donde mientras unos grupos defendieron la conveniencia de lograr una reinserción, prescindiendo si ello fuere útil del efectivo cumplimiento, otros exigieron éste, en nombre de la prevención general positiva cuando no de la puraretribución. Esta última postura podría, sin embargo, rozar la inconstitucionalidad si prescindiera en absoluto del mandato contenido en el art. 25.1; esto es, la reinserción social como tendencia de la ejecución de la pena.

Si hemos afirmado que los poderes públicos nacen y se limitan por la Constitución, y sabemos que el Derecho penal supone la injerencia más grave que puede llevarse a cabo...