Derecho Penal

Eugenio Raúl Zaffaroni , Alejandro Alagia ,Alejandro Slokar. Derecho Penal. Parte General

Manifestaciones formales del poder punitivo: Manifestaciones privativas de libertad ambulatoria: La suspensión del juicio a prueba (probation)

1. Con la reforma legal del año 1994 se introdujo en el código penal el sistema de suspensión de juicio a prueba, conocido -aunque en forma equivocada- con ladenominación de probation 235. Se trata de una reforma que se encuadra en el movimiento de simplificación procesal y de alternativas al encierro carcelario tradicional divulgado en la legislación comparada a partir de los años sesenta, que se fundaron en distintos planteamientos: unos de corte predominantemente asistencial y paternalista, de inspiración correctora y educacional, acompañados deotros resignadamente reformistas, que proponen la sustitución limitada de la prisión como una línea de avance en las exigencias de una mínima intervención penal. Frente a ellos, otros desarrollos esencialmente críticos denunciaron la legitimación paralela del sistema carcelario que conllevan las medidas alternativas, y alertaron acerca del paradójico naumento del control punitivo, toda vez que -lejosde reemplazar- las supuestas alternativas terminan complementando a la cárcel 236.

2. La deficiencia en la redacción normativa se tradujo en contradicciones inexplicables que acabaron en incoherentes restricciones. Entre otros productos de la usual poca reflexión del legislador de los últimos años se destacaron dos: (a) si la probation alcanza a delitos sobre los cuales puede recaer condenacondicional o si el máximo de tres años debe entenderse como abstractamente previsto para el tipo respectivo, y (b) si puede abarcar casos de pena de inhabilitación, cuando estuviera prevista conjuntamente. Los tribunales inferiores corrigieron hasta donde fue posible estas incoherencias, pero la casación interpretó la ley en sentido regresivo casi derogatorio y, por ende, consideró que el límite detres años de prisión debe ser entendido como pena abstractamente prevista; que en ningún caso de inhabilitación conjunta puede operar; y que la mera oposición del fiscal impide su adopción, con lo cual su ámbito resulta poco menos que insignificante o casi nulo 237.

3. En el proceso legislativo se suprimió expresamente la posibilidad de conceder la suspensión en caso de penas mayores a tresaños 238. En este sentido se ha entendido que el instituto abarca tan sólo los delitos considerados leves, de competencia correccional 239, excluyendo de esa manera la posibilidad de la suspensión a aquellos delitos con penas que en concreto no excedan los tres años de prisión, es decir en hipótesis de condenación condicional. En sintonía con este carácter regresivo, alguna jurisprudencia llegó asostener que la declaración del carácter grave o leve de un delito debe necesariamente hacerse en un juicio, dado que el tribunal no puede hacer un pronóstico sobre la pena a recaer. La tesis que procura salvar la institución, se funda en una interpretación gramatical y teleológica, a partir de que la ley se refiere a cada grupo de delitos en párrafos diferentes. Ello se sostiene al considerar que:(a) en el primer párrafo se prevé pena en abstracto (pena cuyo máximo no exceda de tres años), en tanto que en el cuarto párrafo se considera la pena en concreto, con clara alusión al art. 26 del digesto sustantivo (pena aplicable) 240, aunque sin embargo no hay ninguna razón para no considerar a cualquiera de estos supuestos como pena requerida en concreto, puesto que el instituto de la probationes el equivalente de la condenación condicional para la etapa del juicio. (b) Tanto el primero como el segundo párrafo prevén distintas especies de penas privativas de la libertad (pena de reclusión o prisión y pena de prisión -como consecuencia del reenvío al art. 26 antes citado-, respectivamente) 241. (c) En razón del uso que la ley hace de los términos juez en el tercer párrafo del art. 76...