Derecho probatorio

|
SENTENCIA CC S. C-798 DE 2003
|

|
Demanda de inconstitucionalidad
|
Bogotá D. C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil tres (2003).

Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Salvamento de voto

Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL- individual

Aclaración de voto

Magistrado
JAIME ARAUJO RENTERIA-individual

ACTORES: LEÓN JOSÉ JARAMILLO ZULETA Y FRANCISCOEDILBERTO MORA QUIÑÓNEZ
 

El ciudadano León José Jaramillo Zuleta solicita la declaratoria de inexequibilidad del literal d) numeral 1 del artículos 3º de la Ley 794/03.
 En su criterio, esta disposición vulnera los artículos 13, 29, 116 y 228 de la Constitución Política, los que prescriben que la administración de justicia es una función privativa de los funcionarios del Estado, regida por lagarantía al debido proceso y el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.
 Sostiene que el precepto impugnado traslada atribuciones de la jurisdicción a manos de particulares y permite que las partes desplacen al funcionario judicial, quien es el director del proceso.
.El ciudadano Francisco Edilberto Mora Quiñones solicita la declaratoria de inexequibilidad del literal k) numeral 4 delartículos 3º de la Ley 794/03.
 Estima que la disposición acusada vulnera el artículo 29 de la Constitución Política al admitir que se juzgue dos veces por un mismo hecho al auxiliar de justicia que haya sido sancionado disciplinariamente, “recayéndose en una excesiva extralimitación del ius puniendi estatal y como consecuencia en una violación flagrante al debido proceso.
 El señor Jaramillo Zuletaconsidera que el inciso tercero del artículo 8º de la Ley 794/03 vulnera el artículo 116 de la Constitución, dado que la norma Superior señala los funcionarios investidos de potestad jurisdiccional y entre ellos no se incluyen a los empleados mencionados en el precepto que se demanda. Advierte también que los secretarios y oficiales mayores, para los propósitos del mencionado artículoconstitucional, no son particulares. Agrega que la norma acusada contraría aquel artículo Superior al establecer no una delegación de carácter excepcional o transitoria sino permanente.
 Sostiene también que el precepto impugnado es artificioso e inconveniente. Lo primero por cuanto, so pretexto de liberar de trabajo al juez, se va a recargar aún más de responsabilidades a los secretarios y oficialesmayores, que son los funcionarios más atareados de los Despachos Judiciales. Afirma que “es artificioso el argumento de que estos funcionarios puedan descongestionar el respectivo Despacho teniendo la posibilidad  de surtir estas diligencias, dado que no gozan del tiempo requerido para ello. Así mismo, considera que la medida es inconveniente pues los jueces harán buen uso de la delegación “lo queocasionará más congestión de asuntos pendientes por proveer
El señor Jaramillo Zuleta considera que los apartes subrayados violan el artículo 29 de la Constitución Política, el cual dispone que “Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
 En su sentir, se trata de normas que vulneran la esencia misma de los medios probatorios, por cuanto “el debido procedimientopara llevar las pruebas a juicio del juez, no es otro que el filtro al que deben someterse, a saber: contradicción, publicidad, dirección y control de las mismas por parte del juez, que es el delegado de la sociedad toda para que ausculte la pulcritud o inmaculación de la prueba.
Concluye que los preceptos acusados ocasionan la “resurrección del tristemente célebre sistema de la 'tarifa legal', locual se hace pasando por encima de principios fundamentales, como lo es la atribución del juzgador para valorar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, de la experiencia.
El señor Jaramillo Zuleta considera que el aparte subrayado vulnera el derecho de defensa y el debido proceso (CP art. 29), por lo cual solicita que se declare su inexequibilidad.
 Para respaldar su...