Derecho procesal administrativo
Páginas: 36 (8926 palabras)
Publicado: 20 de mayo de 2010
Por: Lic. y C.I. José Gerardo Arrache Murguía.
I.- Introducción,
II.- Nodo Jurisprudencial,
III.- Hipótesis Normativa,
IV.- Posicionamiento Doctrinal,
V.- Precedentes Jurisprudenciales
VI.- Conclusiones.
I.- Introducción:
No podemos dejar aun lado el hecho de que el acceso a la justicia administrativa se ha vuelto cada vez mas complicado, si a fin de cuentas lo que importa alEstado, es que los órganos de justicia administrativa hagan prevalecer la legalidad de las resoluciones y actos emitidos por las autoridades, lo cual supone un reto en constante evolución. Existen criterios en materia administrativa que considero han sido nodales y punto de partida en muchas causales de procedencia de los procesos en materia administrativa puestos a resolución judicial. Diversasdiscusiones se han suscitado por Tribunales Administrativos así como de los precedentes que han integrado Salas y Tribunales respecto al interés jurídico y el interés legítimo.
Uno de los principales objetivos fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran dela titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de gobernados que pudieran acceder al procedimiento en defensa de sus intereses. Estadísticamente existe una enfermiza concepción de desechar acciones administrativas basadas en una mala interpretación de “eficiencia estadística” jurisdiccional, lo cual contraviene el artículo 17 Constitucional y que setraduce en una pérdida de tiempo y recursos a los gobernados. De lesivo al orden jurídico debe considerarse la improcedencia de acciones decretadas que hacen nugatorio el acceso a la Justicia Administrativa
El interés legítimo como tal, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en uninterés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad.
La Solución a conflictos sociales ha hecho que el interés jurídico persiga fines de acepción y procedencia en evolución para los justiciables administrativos y constitucionales. No podemos negar que la complejidad de situaciones tornan casuístico y verdaderamente se tornan en un reto que enfrentala complejidad económica y cultural de nuestro país.
Dimensionar trascendentemente es el reto y por ende, me di a la tarea de hurgar dentro de algunos precedentes constitucionales que considero son de una calidad invaluable de nuestro máximo Tribunal Constitucional.
A juicio del suscrito como jurista, reviste una importancia muy aguada si partimos de la ruptura del esquema clásico delinterés jurídico torna asequible el acceso a la Justicia y se ha traducido en una disyuntiva sobre permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos independientemente que los impetrantes no acrediten un derecho subjetivo del cual sean titulares lo cual demarca el problema a tratar.
Nuestro más Alto Tribunal ha señaladolas diferencias entre el interés jurídico, el interés simple y la mera facultad: Se ha entendido que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos correlativos:
a) una facultad de exigir; y,
b) una obligación correlativa traducida enel deber jurídico de cumplir dicha exigencia.
De tal manera que tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir.
Es así que con meridiana claridad se advierte que no es factible equiparar ambas...
I.- Introducción,
II.- Nodo Jurisprudencial,
III.- Hipótesis Normativa,
IV.- Posicionamiento Doctrinal,
V.- Precedentes Jurisprudenciales
VI.- Conclusiones.
I.- Introducción:
No podemos dejar aun lado el hecho de que el acceso a la justicia administrativa se ha vuelto cada vez mas complicado, si a fin de cuentas lo que importa alEstado, es que los órganos de justicia administrativa hagan prevalecer la legalidad de las resoluciones y actos emitidos por las autoridades, lo cual supone un reto en constante evolución. Existen criterios en materia administrativa que considero han sido nodales y punto de partida en muchas causales de procedencia de los procesos en materia administrativa puestos a resolución judicial. Diversasdiscusiones se han suscitado por Tribunales Administrativos así como de los precedentes que han integrado Salas y Tribunales respecto al interés jurídico y el interés legítimo.
Uno de los principales objetivos fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran dela titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de gobernados que pudieran acceder al procedimiento en defensa de sus intereses. Estadísticamente existe una enfermiza concepción de desechar acciones administrativas basadas en una mala interpretación de “eficiencia estadística” jurisdiccional, lo cual contraviene el artículo 17 Constitucional y que setraduce en una pérdida de tiempo y recursos a los gobernados. De lesivo al orden jurídico debe considerarse la improcedencia de acciones decretadas que hacen nugatorio el acceso a la Justicia Administrativa
El interés legítimo como tal, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en uninterés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad.
La Solución a conflictos sociales ha hecho que el interés jurídico persiga fines de acepción y procedencia en evolución para los justiciables administrativos y constitucionales. No podemos negar que la complejidad de situaciones tornan casuístico y verdaderamente se tornan en un reto que enfrentala complejidad económica y cultural de nuestro país.
Dimensionar trascendentemente es el reto y por ende, me di a la tarea de hurgar dentro de algunos precedentes constitucionales que considero son de una calidad invaluable de nuestro máximo Tribunal Constitucional.
A juicio del suscrito como jurista, reviste una importancia muy aguada si partimos de la ruptura del esquema clásico delinterés jurídico torna asequible el acceso a la Justicia y se ha traducido en una disyuntiva sobre permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos independientemente que los impetrantes no acrediten un derecho subjetivo del cual sean titulares lo cual demarca el problema a tratar.
Nuestro más Alto Tribunal ha señaladolas diferencias entre el interés jurídico, el interés simple y la mera facultad: Se ha entendido que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos correlativos:
a) una facultad de exigir; y,
b) una obligación correlativa traducida enel deber jurídico de cumplir dicha exigencia.
De tal manera que tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir.
Es así que con meridiana claridad se advierte que no es factible equiparar ambas...
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