Derecho procesal

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA
ASIGNATURA: Introducción al Derecho Procesal. Grado en
Derecho.
CURSO: 2013/2014. Primer cuatrimestre
Supuesto de hecho
Don Ángel interpuso un recurso de amparo contra la Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de noviembre
de 2001, que desestima el recurso de revisión interpuesto por el
demandante contra la Sentencia firme de la Sala delo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de octubre de 1995
que declaró la procedencia de su despido disciplinario en TVE,
SA. La pretensión de revisión se basaba en la Sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 29 de febrero de 2000,
que declaró que la sanción de despido vulneró el art. 10 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
lasLibertades Fundamentales (CEDH: derecho a la libertad de
expresión) y, en aplicación del art. 41 CEDH, condenó al Estado
español a abonar al demandante 6.000 euros en concepto de
indemnización por daño material y moral y 4.800 euros por costas
y gastos.
Esta Sentencia desestimatoria del recurso de revisión es la que
Don Ángel estima lesiva de su derecho a la tutela judicial efectiva
(art.24.1 CE), en relación con su derecho a la libertad de expresión
[art. 20.1 a) CE], por cuanto considera que al rechazar la revisión
pretendida se está denegando arbitrariamente la ejecución de la
STEDH de 29 de febrero de 2000. Y concluye el recurrente que el
restablecimiento en la integridad de su derecho a la libertad de
expresión exige que se anule también la Sentencia de 5 de junio de
1995del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y asimismo que
se declare la nulidad del despido, con las consecuencias legales
inherentes a tal declaración.
El Tribunal Constitucional desestimó la demanda de amparo
mediante Sentencia 197/2006, de 3 de julio, en la que, entre otros
pronunciamientos, reiteró lo ya afirmado en la anterior Sentencia
313/2005, de 12 de diciembre, respecto de lafamosa doctrina
contenida en la Sentencia 245/1991 (caso Bultó):
“(en esa Sentencia) se realizaron una serie de declaraciones que
ahora, catorce años después, todavía siguen estando vigentes”. Así,

se declaró que “de la propia regulación del Convenio, y de su
interpretación por el Tribunal Europeo, se deriva que las
resoluciones del Tribunal tienen carácter declarativo y no anulan nimodifican por sí mismas los actos, en este caso Sentencias,
declarados contrarios al Convenio”. En aquél entonces se citaron
los casos Marckx y Pakelli, jurisprudencia que ha sido mantenida
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta el día de hoy,
no obstante la importante reestructuración operada en el Convenio
como consecuencia de la entrada en vigor del Protocolo núm. 11 a
fines de 1998[cfr. inter allia los casos Olsson c. Suecia; Ribemont
c. Francia; Hentrich c. Francia; Scozzari y Giunta c. Italia; Mehemi
c. Francia; Assanidza c. Georgia; Öcalan c. Turquía].
Del mismo modo, la STC 245/1991 afirmó que «desde la
perspectiva del Derecho internacional y de su fuerza vinculante
(art. 96 CE), el Convenio ni ha introducido en el orden jurídico
interno una instancia superiorsupranacional en el sentido técnico
del término, de revisión o control directo de las decisiones
judiciales o administrativas internas, ni tampoco impone a los
Estados miembros unas medidas procesales concretas de carácter
anulatorio o rescisorio para asegurar la reparación de la violación
del Convenio declarada por el Tribunal». Y es que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, de conformidadcon lo dispuesto
en el art. 46 CEDH (rubricado «fuerza obligatoria y ejecución de
las sentencias»), tan sólo ostenta una potestad declarativa, puesto
que la fase de ejecución de sus Sentencias es encomendada al
Comité de Ministros, órgano encargado de «velar» por su
ejecución.
De ello se extraía ya en la STC 245/1991, F. 1, una conclusión
esencial en la materia que nos ocupa, que ahora...