derecho a la libertad de expresion e informacion
Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de
viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de
cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura... No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los
que promuevan la intolerancia religiosa.
La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la
ley.
Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de
acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes...
Artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Durante el presente período, en un marco general de respeto a la libertad de expresión e
información, Provea pudo constatar la persistencia de una política gubernamental que incide
negativamente en el efectivo y libre ejercicio de ambos derechos garantizados constitucionalmente. Esto se debe fundamentalmente a que la política desarrollada desde la
Presidencia de la República, que señalamos en el anterior Informe como "caracterizada por las
críticas públicas y abiertas sobre titulares y tratamientos de algunas noticias en los medios de
comunicación"1 produce efectos secundarios que indudablemente afectan las garantías que debe brindar el Estado a todas las personas para que puedan expresarse libremente y recibir o
buscar información de su interés.
Durante el período que cubre el presente Informe no se conocieron casos de cierres por parte
del Estado de periódicos, ni de programas de opinión en medios televisivos ni radiales, ni de
hostigamientos sistemáticos de periodistas por parte de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, se han presentado situaciones muy particulares que han llevado a la Defensoría del
Pueblo a opinar que "Hay libertad de expresión, lo que no existen son suficientes garantías
para su ejercicio. El Estado debe tomar varias medidas. En primer lugar, no emitir ninguna
señal, proferir ninguna amenaza o propiciar confrontación con los medios que pueda interpretarse como coercitiva con la libertad de expresión. En segundo lugar debe prescindir de
la vía del terrorismo judicial para interrumpir ese derecho y en tercer lugar asegurar que
continúe siendo un valor de la democracia la tolerancia y el respeto a la opinión ajena"2.
Asimismo Amnistía Internacional expresó su preocupación por la existencia de "una cadena de presiones y amenazas por parte de autoridades del gobierno o fuerzas de seguridad del Estado
denunciadas públicamente por varios periodistas"3. Según informaciones recibidas por esta
organización de derechos humanos, las repetidas presiones por parte de agentes del Estado
han provocado, al menos, la salida del director de un importante periódico, el cierre de un
espacio radial y de una columna en un diario local y el cese de la transmisión de dos espacios
televisivos. La remoción de Teodoro Petkoff de la dirección del diario vespertino El Mundo, el despido de
Carlos Blanco como director de la Revista Primicia y la salida del aire de los programas
televisivos 24 Horas conducido por el periodista Napoleón Bravo y la Silla Caliente conducido
por Oscar Yánez, y del programa en Radio Universitaria de Mérida del periodista Roger Vivas, son denuncias públicas que constituyen indicios de intentos de intimidación o presión de los
poderes públicos hacia propietarios y editores de medios de comunicación social.
La falta de garantías se evidenció claramente en algunos casos donde los periodistas se vieron
afectados por agresiones de sectores minoritarios de la población que los agredieron en el ...
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