Derecho a la Proporcionalidad en las Multas

EL DERECHO A LA PROPORCIONALIDAD DE LAS MULTAS
EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE

I. Introducción
El presente trabajo tiene como objeto comentar la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 115/2008, el 25 de febrero de 2010, por mayoría de ocho votos.

En dicha acción de inconstitucionalidad, el Procurador General de laRepública impugnó el artículo 64, último párrafo, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, publicado el 30 de septiembre de 2008en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el cual establece que el titular de una licencia que haya sido cancelada no puede conducir automotores en el territorio del Distrito Federal con licencia o permiso expedido en otra entidad federativa o país, sopena de una multa de 180 días de salario.1

Aducía el Procurador que la norma era inconstitucional por prever una multa fija, esto es, una multa que no contaba con un monto máximo y un mínimo, lo que se traducía en una multa excesiva, de las prohibidas por el artículo 22 constitucional.

Para profundizar sobre la sentencia se analizará, en primer lugar, el marco constitucional acerca de lasmultas fijas, para lo cual deben distinguirse dos etapas de la interpretación: el periodo en el que no existe una norma constitucional expresa que mandate la proporcionalidad y, otro, a partir de su establecimiento explícito en una reforma constitucional de junio de 2008. Tratados los aspectos relevantes de las etapas, se abordarán los argumentos esgrimidos en la sesión en la que se dictó la sentenciaen comento, así como aquéllos en los que se funda la resolución en análisis.

II. La proporcionalidad implícita:
Lo proporcional es lo no excesivo
Ante la falta de un mandato constitucional para establecer multas proporcionales, la Suprema Corte sostuvo que las multas fijas eran contrarias al artículo 22 de la Constitución Federal pues, al aplicarse a todos por igual, propicia excesosautoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. A la luz de este criterio se resolvieron tanto de juicios de amparo como controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

La primera resolución de la “novena época” en que se sostuvo este razonamiento fue el amparo en revisión 2071/93, promovido por Grupo de Consultores Metropolitanos, sociedad anónima de capital variable,resuelto por unanimidad de votos el 24 de abril de 1995.2

En ese asunto matriz se partió de la base de que la multa excesiva era una sanción susceptible de ser decretada tanto en materia penal como en administrativa. Se consideró que si la Constitución prohíbe esas sanciones en el ámbito penal, que es el más drástico, con mayor de razón debían quedar prohibidas en los ilícitos administrativos.Sentado que la Constitución prohíbe las multas excesivas en el ámbito del derecho administrativo sancionador, ese tribunal se enfrentó a la problemática de que la prohibición constitucional no define lo que debe entenderse por multas excesivas. Al respecto, consideró necesario acudir a los conceptos de proporcionalidad y equidad establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la propia cartafederal. A partir de estas nociones, se dijo que una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito y cuando va más adelante de lo lícito y lo razonable.

En este orden de ideas, sostuvo que una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por ello, se indicó que para cumplir con estemandato constitucional debía establecerse en la ley la posibilidad de que la autoridad facultada para imponerla, en cada caso, determinase su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste, en su caso, en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho...