Derecho a la tutela judicial efectiva e independencia del poder judicial

Derecho a la tutela judicial efectiva e independencia del Poder Judicial
Ensayo sobre el Informe Anual 2010
PROVEA – CIDH

En las siguientes líneas presentaré mi interpretación sobre las conclusiones que presentan tanto el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus respectivos informescorrespondientes al año 2010 (septiembre/2009-septiembre/2010). En específico, me basaré en el apartado sobre el Derecho a la Justicia del informe de PROVEA y en el apartado que sobre Venezuela dedica en su Capítulo IV el informe de la CIDH.
Como hemos visto en clases el Derecho a la Justicia o a la Tutela Judicial Efectiva, implica no solo el poder acceder a los órganos de administración de justicia parahacer valer los derechos e intereses, sino también a obtener con prontitud la decisión correspondiente, y el Estado debe garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
Ahora bien, desde mi punto de vista, los Informes en mención hacen unaespecial reflexión o estudio acerca del carácter imparcial, idónea, transparente, autónoma, e independiente, de la justicia en nuestro país, con especial énfasis en la provisionalidad del nombramiento de jueces y de fiscales del Ministerio Público. Los mencionados informes hacen la observación sobre la tergiversación que sobre la separación de poderes y unidad del poder público se intenta hacer ennuestro país, incluso desde instituciones que deberían proteger el principio básico de todo régimen democrático como es el equilibrio y control entre las distintas ramas del Poder Público.
En nuestro ordenamiento jurídico el Sistema de Justicia, o la Administración de Justicia, abarca más allá del Poder Judicial, tal como lo indica el Artículo 254 de la Constitución Nacional; sin embargo, lapotestad de administrar justicia, la Jurisdicción, entendida como servicio-función pública, corresponde a los órganos del Poder Judicial; de allí que sean los tribunales, con sus jueces y demás funcionarios, los principales responsables del Sistema de Justicia, y de garantizar el derecho a la justicia o tutela judicial efectiva.
En consecuencia, cuando existen falencias o carencias en la designación delos jueces, cuando más del 90% de los jueces son nombrados de manera provisoria, temporal o accidental, la autonomía e independencia del Poder Judicial se ve comprometida, toda vez que sus principales actores, o decisores, ven menoscabada su estabilidad laboral, quedando expuestos a presiones del poder político y económico. Ello sin dejar de lado el hecho que al no ser nombrados o designados losjueces, previo concurso público, asimismo se pone en riesgo la idoneidad y transparencia de todo el Poder Judicial, pues nada garantiza que esos cargos estén siendo ocupados por las personas más probas.
La CIDH en el número 632 de su informe recuerda que la estabilidad de los operadores y operadoras de justicia constituye una de las garantías esenciales para el debido proceso. El derecho a lajusticia, a un Poder Judicial independiente implica la implementación de mecanismos idóneos para la elección de jueces, y ello debe aplicarse igualmente a los fiscales del Ministerio Público.
En el área penal, de la justicia penal, es preocupante que tanto jueces como fiscales se encuentren tan vulnerables en cuanto a la estabilidad en sus cargos, lo cual no les permite ser los suficientementeautónomos e independientes en todos los casos. En el foro se tiene conocimiento de secretos velados de los motivos de remoción, o renuncia, de muchos jueces y fiscales, por el solo hecho de haber actuando en un caso políticamente emblemático o controvertido. Los informes bajo estudio hacen mención al caso de la exjueza María Lourdes Afiuni y los exmagistrados de la Sala 9ª de la Corte de Apelaciones,...