Derecho a la vida y libertad de conciencia

I. Introducción
La pérdida de la vida ha sido siempre una preocupación para el hombre, al igual que todo lo que está ligado a la muerte del sujeto o los efectos que produce: el miedo, el dolor o sufrimiento, etc.
A lo largo de la historia se ha tratado de regular la muerte voluntaria mediante normas, escritas o no, que suponen un reflejo de las concepciones imperantes en cada época.
II. Elderecho positivo español
La figura de inducción al suicidio aparece por primera vez en el Código Penal (CP) de 1928, castigándose con la misma pena que el auxilio al suicidio y rebajándose la del auxilio ejecutivo al suicidio u homicidio consentido. También se añade una atenuante cualificada que podían aplicar los tribunales "a su prudente arbitrio imponer una pena inferior a la señalada","apreciando las condiciones personales del culpable, los móviles de la conducta y las circunstancias del hecho.
En el de 1932, se suprime la atenuante y las penas aumentan en las tres figuras. Esta regulación se mantuvo en el art.409 del CP de 1944, vigente hasta el año 1996.
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del CP, regula dichas figuras en el art.143, rebajando en los tres casos las penasprivativas de libertad. La novedad más importante está en el art. 143.4, donde se contempla la "eutanasia activa directa", reduciendo la pena en uno o dos grados.
Actualmente, en el Derecho español, la muerte provocada por el sujeto titular del derecho vida no se contempla en el CP, pero es objeto de estudio y discusión la capacidad del suicida para ejercer esa libertad.
III. La disponibilidaddel derecho a la vida en la doctrina del Tribunal Constitucional (TC)
Antes de la Constitución Española (CE) la postura doctrinal tradicional atribuía al derecho a la vida un carácter absoluto. A raíz de 1978 y sobre todo en los últimos años, ha aumentado el número de autores que otorgan al mismo un valor relativo, con límites, basándose en la integración de los derechos fundamentales (DDFF).*Art. 15 CE: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes militares para tiempos de guerra.".
En principio el TC aclara que no existe un derecho a la propia muerte, pero posteriormente afirma que esto no impide quela persona pueda disponer sobre su propia muerte y que la aceptación de la misma no es un acto prohibido por la Ley.
*Art. 10.2 CE: La interpretación de los DDFF se debe basar en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Estos textos contemplan sin excepción el derecho a la vida y no contemplan el "derecho a morir con dignidad".Respecto a la posible muerte de los Testigos de Jehová a consecuencia de la negativa a recibir transfusiones de sangre, basada en el DF a la libertad de conciencia(Art.16 CE), podemos hablar de lo que el TC pronunció en ATC 369/1984, de 20 de junio, por el que no admitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por un Testigo de Jehová al que se le denegó la posibilidad de proceder en víapenal contra el Magistrado que autorizó una transfusión de sangre a su esposa, que no quería recibirla. La colisión de DDFF entre el derecho a la vida, a la salud y la libertad religiosa, el TC la resuelve a favor de los primeros, entendiendo que son bienes superiores que limitan la libertad religiosa.
Veamos ahora la postura mantenida por el TC en el caso de "Ramón Sampedro":
La primera peticiónde "eutanasia activa directa" ante los tribunales en España, fue presentada en Barcelona por el procedimiento de jurisdicción voluntaria, el 30 de abril de 1993, solicitando que, puesto que él se encuentra imposibilitado para quitarse la vida, autorice a su médico de cabecera a suministrarle los medicamentos necesarios para morir sin dolor y que se respetase su derecho a no ingerir alimento por...