DERECHO Y ADE

ADMINISTRATIVO II
Tomando como referencia la Sentencia núm. 91/1985 de 23 julio del Tribunal Constitucional (91/1985) responda a las siguientes cuestiones:
1. Resuma brevemente los principales elementos competenciales que se plantean.
La controversia es un conflicto positivo de competencias planteado por la Generalidad de Cataluña contra las Resoluciones de 14-3-1983, 20-6-1983 y 19-9-1983llevadas a cabo por la Dirección General de la Salud, sobre la inscripción y autorización en el registro General sanitario de ciertos aditivos. En concreto de Turco Española, Sociedad Anónima», del aditivo «Melacide P/2»,Fher, Sociedad Anónima», del aditivo «Afilact»; y «Laboratorio Técnico Mercader-Jorge y José Mercader Arqués», el aditivo «Rosecarn».Todos estos productos han sido elaborados enCataluña, por empresas radicadas en Cataluña y lanzadas al mercado en Cataluña.
La Generalidad afirma que la competencia para autorizar e inscribir aditivos le corresponde ya que, defiende basándose en el artículo 17.1 de su Estatuto, es un acto de ejecución que la normativa básica fijada por el Estado.
Por el contrario el Estado afirma que competencia para la autorización e inscripción de estosproductos, al tener características especiales que requieren una vigilancia a nivel nacional, pertenece al Estado. Afirma que no es un acto ejecutorio sino de carácter normativo, que se incluye en la regulación básica de la Administración General.
2. ¿Qué clase de conflicto competencial se plantea?
Nos encontramos ante un conflicto positivo de competencias, que se produce cuando dos o másórganos (Estado y CCAA o CCAA entre sí) declaran ser competentes sobre una misma materia. Encontramos su regulación en los artículo del 62 al 67 de la LOTC. Los conflictos positivos de competencia son mucho más habituales que los conflictos negativos
Debemos señalar que es un proceso constitucional con características muy singulares, ajeno al contencioso. La Sentencia 88/1989, de 11 de mayo describe lanaturaleza de este conflicto: «radica en la existencia entre dos entes, Estado y Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas entre sí, de una controversia planteada, con motivo de una disposición, resolución o acto, en relación con la titularidad de competencias asignadas».
Por tanto, el objetivo último de este proceso es determinar quién es el titular de la competencia controvertida. Para ello elTribunal Constitucional lleva a cabo «la interpretación y fijación del orden competencia! y en la determinación de qué competencias pertenecen a qué sujetos, yéndose más allá de la mera resolución del caso concreto origen del conflicto o controversia» (cfr., asimismo, las Sentencias 110/1985 y 119/1986).
Con esta acción el TC pretende asegurar el sistema de Garantías jurídicas de reparto depoderes entre diversos sujetos constitucionales al resolver la controversia sobre la distribución constitucional de las competencias en relación con la actuación del Estado y de la Comunidad Autónoma».
En este caso, el conflicto de competencias es planteado por una Comunidad Autónoma, Cataluña. La características particulares que se deben dar para que sea una Comunidad Autónoma la que presente elconflicto son: Uno, que afecte a su propio ámbito y dos, es obligatorio, antes de su planteamiento ante el Tribunal Constitucional, el requerimiento a la autoridad que ha dictado la disposición para que proceda a su derogación o anulación (plazo de dos meses desde la publicación o comunicación de la disposición o con motivo de un acto de aplicación concreta).
Además, los órganos comunitariospueden solicitar del Tribunal Constitucional la suspensión de la disposición, resolución o acto recurrido, decidiendo el Tribunal a tal efecto
El procedimiento ante el Tribunal no plantea especiales problemas. A diferencia del conflicto positivo planteado por el Estado, la novedad consiste en que, en el supuesto de invocación del articulo 161.2, el Tribunal, si no dictase sentencia en el plazo de...