Derecho

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO DE LA “MASACRE DE MAPIRIPÁN”
VS. COLOMBIA

SENTENCIA DE 15 SEPTIEMBRE DE 2005

En relación con las actuaciones y los procesos judiciales a nivel interno

Jurisdicción penal ordinaria

96.68 El 22 de julio de 1997 el Fiscal Seccional de Villavicencio asumió el conocimiento de la investigación por los hechos ocurridos en la población deMapiripán y ordenó practicar el levantamiento de cadáveres, las exhumaciones a que hubiere lugar y recibir los testimonios de las autoridades civiles del municipio .

96.69 El 23 de julio de 1997 la Fiscalía 12 Delegada ante los Jueces Regionales, radicada en San José del Guaviare, inició una investigación previa por los hechos ocurridos en la población de Mapiripán

96.70 El 23 de julio de1997 una “comisión judicial” se desplazó al municipio de Mapiripán. Allí recibió la declaración del Inspector Municipal de Policía y practicó inspección de cadáver a José Rolan Valencia, Sinaí Blanco Santamaría y a un hombre NN .

96.71 El 23 de julio de 1997 el Fiscal Especializado de San José del Guaviare asumió el conocimiento de las diligencias de investigación, remitidas por el FiscalSeccional de Villavicencio, y recibió la declaración del Alcalde de Mapiripán y de un testigo bajo reserva de identidad. Un día después se ordenó la ampliación de este último testigo y se dispuso que se realizaran “todas las pruebas inherentes a la identficación de las víctimas”

96.72 El 28 de julio de 1997 la Dirección Nacional de Fiscalías resolvió asignar la investigación a la Unidad Nacional deDerechos Humanos, quien asumió la misma el 5 de agosto de 1997 y ordenó la ampliación de testimonios y la recepción de nuevos testimonios. Estas declaraciones, incluidas las de algunos familiares y de autoridades civiles de Mapiripán, fueron llevadas a cabo durante el mes de agosto de 1997. Asimismo, se realizaron diversas inspecciones judiciales

Los hechos referidos evidencian que el TC OROZCOCASTRO omitió cumplir con sus funciones constitucionales y legales de proteger la vida, honra y bienes de las personas residentes en Colombia (Art. 2 inc. 2 Const. Pol.); que dejó de desempeñar actos propios de sus funciones, en calidad de miembro activo de las Fuerzas Militares y Comandante (E) del Batallón Joaquín París […]

Conflicto de competencia entre la jurisdicción penal militar y lajurisdicción penal ordinaria y otras actuaciones en esta última

96.90 El 2 de junio de 1999 el Comandante del Ejército, en carácter de juez militar de instancia, promovió ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación una colisión de competencias positiva con el fin de que la causa pasara a la jurisdicción castrense, al considerar que los hechos imputados a lossuboficiales José Miller Ureña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo y a los oficiales Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, al Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, comandante de Brigada Móvil II, y al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro, comandante interino del Batallón “Joaquín París”, debían ser investigados y juzgados por la jurisdicción penal militar. Al respecto, argumentó que:[…] La génesis que conllevó a la vinculación de personal militar a los procesos que adelante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación se constituyó en la propia Justicia Penal Militar, mediante la apertura de un proceso que fuera instruido por el Juzgado Once de Instrucción Penal Militar adscrito al Batallón Joaquín París. […]

[…] el proceso penal ha de tramitarsecon todas las garantías para quienes están siendo procesados, partiendo de la premisa cierta que las conductas omisivas imputadas a los militares, surgen de manera inequívoca del deber emanado de su función castrense, por preeminentes mandatos constitucionales y legales, y en nuestro derecho penal, toda función omitida por un militar ha de tener relación directa y próxima con el servicio. Es...