derecho

El concepto de servicio público y
su funcionalidad en el Derecho
A d m i n i s t r a t i v o de la nueva economía*
GERMÁN FERNÁNDEZ FARRERES
Catedrático de
Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid
(*) Texto de la confe rencia pro nunciada en el curso de verano de la UNED titulado “Los procesos de liberalización a examen:
servicio postal, telecomunicaciones yenergía”, celebrado en Ávila los días 15 al 19 de julio de 2002 y dirigido por los
profesores M. BACIGALUPO SAGGESE y J.A.FUENTETAJA PASTOR.
I. Introducción.II.Servicio reser vado por ley al sector público y servicio público .
III.La “despublificación”:significado y alcance jurídico .IV.Algunas consideraciones sobr e
el estatuto jurídico de los servicios despublificados. V. Reflexión final.Sumario:Justicia Administrativa
d o c t r i n a
tica desamortización industrial– que ha acompañado a la despublificación de los sectores serviciales gestionados directamente por el Estado1
.
El legislador lo ha advertido reiteradamente: en la Exposición de Motivos de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se afirma que “(...) se abandona la
noción de servicio público, tradicional ennuestro ordenamiento jurídico pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica (...)”. Una declaración que se reitera prácticamente en los mismos términos en la Exposición de Motivos de la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En otros casos, en fin, aún sin manifestaciones
tan directas y taxativas, las modificaciones operadas determinan inequívocamente laexclusión de esa tradicional calificación: es el caso de las telecomunicaciones, que pasan
a definirse como “servicios de interés general que se prestan en régimen de competencia” (art. 2 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones), o con
anterioridad, el caso de las actividades contempladas en la Ley 34/1992, de 22 de
diciembre, de Ordenación del Sector Petrolero, que tambiénlas declara como actividades de interés económico general (art. 2). En idénticos términos se pronuncia, en fin, el
artículo 1.2 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, de regulación del Servicio Postal
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, que una vez más califica a éstos
como “servicios de interés general que se prestan en régimen de competencia”.
Los datos son significativosy,en cierto modo,por sí solos parecen dar respuesta a la cuestión de la vigencia misma del concepto de servicio público: se aprecia con facilidad un
rechazo explícito de esa calificación y su sustitución por la de “servicios o actividades de
interés económico general que se prestan en régimen de competencia”, aunque en alguna ocasión se haya también recurrido a la calificación de “serviciosesenciales” (caso, en
concreto, de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico).Tanto es así que, dejando ahora de
lado a los servicios públicos locales, en los que, no obstante, también ha incidido el proceso “liberalizador” excluyendo, por ejemplo, del elenco de servicios susceptibles de
reserva a los servicios mortuorios y liberalizando los servicios funerarios (arts. 22 y 23
del Real Decreto-Ley7/1996, de 7 de junio)2
, en los grandes servicios públicos econó-
micos estatales la oleada despublificadora ha sido de gran importancia, respetando por el
momento únicamente a los transportes públicos regulares permanentes de viajeros por
carretera (art. 69 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres) y a los servicios de radio y televisión (por todas, Ley4/1980,de 10 de enero,
reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión, art. 1.2).
[8]
(1) Sobre todas estas cuestiones, dada la ingente bibliografía producida en los últimos años,baste remitir a la magnífica
síntesis de S.MARTÍN-RETORTILLO, “Reflexiones sobre la nuevaAdministración económica”, en vol.col.(dirs. S.Muñoz
Machado, J.L.García Delgado y L.González Seara), Las estructuras del...