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ANALISIS DE LA SITUACION PENITENCIARIA EN EL PAIS
A pesar de la promulgación de una nueva ley de régimen penitenciario en 1981 a través de la cual se intentaba fortalecer el creciente sistema al facilitar la aprobación de las formulas de cumplimiento de pena ya establecidas en la ley de 1961 (destacamento de trabajo, destino a régimen abierto y libertad condicional), el uso de la prisión comoinstrumento del cese material del presunto delincuente continuó siendo la respuesta fracasada a la demanda de seguridad de una sociedad que ya desde entonces se manifestaba como un continuo proceso de desigualdades e injusticias sociales, el uso indiscriminado y a tiempo indeterminado de la detención judicial preventiva representó durante décadas en Venezuela un instrumento de discriminación,marginación y criminalización de los estratos socio económicos más bajos de la sociedad. Por tal motivo, el reglamento de internados judiciales intenta sentar algunas normas para atender de manera dispersa y poca exitosa a este sector de la población penitenciaria cada vez más representativo de la problemática carcelaria del país.
En consecuencia los elevados índices de hacinamiento cada vez hacenmás evidente la desproporción de la población privada de libertad en espera de sentencia, así como el abuso, la ilegalidad, la violencia cotidiana con sangrientas guerras de bandas, la falta de salud y los maltratos, sin que existieran herramientas o normas jurídicas que permitieran denunciar y tratar en el marco de la legalidad esta realidad.
Hay que recalcar que para sentar definitivamente lasbases legales durante el año 1999 se produjeron dos acontecimientos que cambiarían definitivamente el escenario institucional en general y el aparato de administración de justicia penal en particular como son: primero la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que produce un salto cualitativo de gran magnitud en el penitenciarismo al darle rango constitucional alos principios y garantías propios de un sistema penitenciario fundamentado en el respeto de los derechos humanos, y así quedó establecido en el artículo 272 que  textualmente señala: "El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para eltrabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la Dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolaspenitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo ycon personal exclusivamente técnico". Y segundo la entrada en vigencia plena del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), este instrumento legal representó un cambio radical de paradigma en el sistema procesal con lo cual se trataba de desplazar el antiguo proceso inquisitivo por un nuevo y moderno proceso acusatorio, ambos cuerpos normativos tendrían repercusión inmediata en el ámbito penitenciario con estose activa en Venezuela una nueva estructura judicial donde especialmente se destaca la creación de los tribunales de ejecución penal a través de los cuales se desarrolla el principio de jurisdiccionalidad según el cual el órgano judicial impone sanciones y también controla su ejecución. Lamentablemente las acciones facilitadoras del proceso de cambio no se tomaron. Cuando se comenzó a imponer...