derecho

La determinación de la pena es una de las labores más complejas para todos los
operadores jurídico‐penales y, en especial, para los Jueces y Tribunales.
Consiste en el proceso por el que se trasforma una pena imponible, de acuerdo
con lo establecido en un determinado tipo del Código penal, en la concreta pena
correspondiente al responsable de un hecho delictivo, de acuerdo con la gravedaddel hecho cometido y sus circunstancias personales. Dicho de otra forma, previendo el Código penal la pena de diez a quince años de prisión, para
el autor de un homicidio, a través del proceso de determinación de la pena, el
Juez debe decidir cuál es la concreta pena que resulta merecida por (o adecuada
a) el responsable del hecho. Esta no es una decisión arbitraria sino que responde
a una seriede procesos informados por las reglas de determinación de la pena,
que el Juez debe observar escrupulosamente, con independencia de los escasos
márgenes de discrecionalidad de que goza.
De esta forma, no le corresponde la misma pena al autor de un delito consumado que al de un delito intentado; como tampoco tiene el mismo tratamiento el autor y el cómplice del mismo hecho delictivo. Se valorade forma distinta si alguien actúa en error de prohibición o concurriendo una eximente incompleta de alteración psíquica que si alguien lo hace actuando con pleno conocimiento de la antijuridicidad o con sus facultades mentales intactas.
En fin, existen una multitud de factores que se concretan en las reglas de determinación de la pena, que han de ser tenidos en cuenta por los Jueces y Tribunalesen la imposición de las penas.
Uno de los criterios que informa la determinación de la pena es la
proporcionalidad (subprincipio de interdicción de la desproporción: lección
2.IV.1). Dice la STS de 12 de noviembre de 20021, que «el principio de
proporcionalidad debe su elaboración a la jurisprudencia alemana posterior a la
Segunda Guerra Mundial habiéndose enriquecido con las aportacionesefectuadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo que se refiere
al Ordenamiento Jurídico Español, si bien no aparece expresamente recogido en
la Constitución, su reconocimiento y alcance constitucional no ofrecen dudas
como se afirma en numerosas sentencias del Tribunal Supremo. Los valores de
libertad y justicia a los que se refiere el art. 1.1 de la CE son los pilares básicosde la construcción del principio de proporcionalidad. La libertad en cuanto
opción valorativa de realización preferente, dota de contenido al principio de
proporcionalidad, ya que en caso de duda, habrá que estar por la vigencia del
favor libertatis. El valor justicia, en cuanto que, en sí mismo, integra la
prohibición de excesividad y conecta con la idea de moderación, medida justa yequilibrio.
El aspecto que más relevancia ha cobrado en los últimos años es la motivación
de la individualización de la pena. Es decir, la exigencia a los Jueces y
Tribunales para que razonen, de forma que sea plenamente comprensible y
excluya cualquier sospecha de arbitrariedad, por qué deciden imponer una
concreta pena y no otra, siempre que se hallen dentro de los límites establecidos
por lasreglas de determinación de la pena. Así, puede leerse en la STS de 11 de
junio de 2003 que «conocida es la doctrina de esta Sala y del TC que, en
aplicación del deber de motivar las sentencias impuesto por el art. 120.3 CE,
viene concretando tal deber en el derecho penal, entre otros aspectos, en la
necesidad de razonar la cuantía concreta de la sanción o sanciones que se
imponen(individualización). Únicamente venimos considerando no necesaria
tal motivación cuando las penas se fijan en el mínimo legal permitido o cuando
se quedan próximas a dicho mínimo legal. Pero cuando se alejan de modo
significado de ese mínimo, es obligado expresar en el propio texto de la
sentencia las razones por las cuales se acuerda la cuantía o duración concreta de
la penalidad ordenada por la ley.
En...