Derecho

tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad son medios jurídicos de defensa de la Constitución, ambas se hallan contempladas en las fracciones I y II del artículo 105 de nuestra Ley Fundamental y su conocimiento es competencia exclusiva de la suprema Corte de Justicia de la Nación.
En cuanto a la materia la controversia constitucional es instaurada para garantizarel principio de la división de poderes, es decir, cuando se plantea una invasión de las esferas de competencia establecidas en la Constitución; mientras que la acción de inconstitucionalidad alega una contradicción entre la norma impugnada y una disposición de la Ley Fundamental.
Por los sujetos actores.- La controversia constitucional puede ser planteada por la Federación, los Estados, losMunicipios y el Distrito Federal; la acción de inconstitucionalidad puede ser promovida por el Procurador General de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma.
Por el tema planteado.- En la controversia constitucional el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; en laacción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma.
Por la forma de trámite.- Respecto de la controversia constitucional se realiza todo un proceso (demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia); en la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento.
Por lacalidad de las normas impugnadas.- En la controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral; en la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas.
Por los alcances de su procedibilidad.- En la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos; la acción de inconstitucionalidad sólo procede contra normas generales.
Por losefectos de la resolución.- En la controversia constitucional, los efectos de la sentencia, tratándose de normas generales consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales, siempre que se trate e disposiciones de los estados o de los municipios impugnados por la Federación, de los municipios impugnados por los estados o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre quehaya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los ministros de la Suprema Corte; en la acción de inconstitucionalidad, la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho ministros.
Con lo apuntado hasta aquí queda claro que hoy el municipio puede ser actor en una controversia constitucional. Sin embargo, dice David CienfuegosSalgado, en la presentación del libro ?El Municipio en Iberoamérica?, citando al ministro Góngora Pimentel, el uso de este medio de defensa por parte de los municipios con el carácter de actores, es relativamente reciente, pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación les había negado la posibilidad de promover controversias constitucionales basando su negativa en el argumento de que elmunicipio no era un poder público, pues, según el criterio del Pleno de la Corte, ?aceptar la existencia de un poder municipal, con las mismas cualidades de independencia que las de los otros tres poderes en que está subdividido el poder público, es confundir la independencia de los municipios con facultades y funciones que están muy lejos de su competencia?. De acuerdo con esta tesis el municipio quedabaen un estado de indefensión.
Pero en agosto de 1992 la misma Suprema Corte estableció por vez primera que ?el municipio debería ser equiparado a los poderes de un Estado, en los términos del artículo 105 constitucional, que desde 1917 había establecido el juicio denominado controversia constitucional?.
Por fortuna y después de mucho luchar, de debates parlamentarios, de análisis doctrinarios...