derecho
PONENTE: MAG. HADEL MOSTAFA PAOLINI SENTENCIA MAYO 2001
DEMANDA: POR DAÑO Y PERJUICIO MATERIALES Y MORALES CONTRA LA REPÚBLICA DE VENZ.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA.
El día 12 de mayo de 1998, comenzó el juicio con motivo de la demanda interpuesta en las que los ciudadanos GLADYS JOSEFINA JORGE SAAD viuda deCARMONA, RAMON OSCAR CARMONA JORGE, CARLOS EDUARDO CARMONA JORGE y OSWALDO JOSE CARMONA JORGE, demandaron a la República La demanda fue admitida por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa mediante auto de fecha 18 de junio de 1998, en el cual se ordenó la citación del Procurador General de la República, conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la República.
El día 10 de noviembre de 1998, compareció ante el Juzgado de Sustanciación la representante de la República a los fines de oponer a la parte actora, la cuestión previa de defecto de forma del libelo de la demanda, contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
En escrito presentado el día 2 de diciembre de 1998, los apoderados judiciales de lademandante promovieron pruebas con ocasión a la cuestión previa opuesta, siendo admitidas por auto del Juzgado de Sustanciación de fecha 8 de diciembre de 1998.
En fecha 7 de noviembre de 1999, la Sala Político Administrativa declaró sin lugar la cuestión previa de defecto de forma del líbelo,
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
PARTE ACCIONANTE EXPONE COMO ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO:
Que cuandola República, a través de quienes lo representan, “FUNCIONARIOS PUBLICOS” con intención, con imprudencia, negligencia, omisión o inobservancia de las leyes, órdenes o reglamentos, causan un daño a una persona, es obvio que a la República le corresponde una responsabilidad específica para responder del daño causado, pues tal responsabilidad consiste cabalmente en la eliminación de lasdesigualdades y los riesgos.
Que artículo 58 de la Constitución de 1961, el cual señala que: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla”; los demandantes expresan que corresponde “al Estado Venezolano garantizarle a cada ciudadano el derecho a vivir en paz y a desenvolverse plenamente en la actividad lícita de su preferencia, tal como loestablece el artículo 43 de la Carta Magna
que en el “caso de RAMON OSCAR CARMONA VASQUEZ, el Estado no solamente NO GARANTIZÓ SU VIDA, SINO QUE FUERON SUS DEPENDIENTES QUIENES EJECUTARON LA MUERTE, utilizando los medios idóneos para consumar tan vil asesinato, como lo fueron los policías que lo siguieron hasta darle muerte; armas de pertenencia de la República de Venezuela; el vehículoutilizado en el homicidio era recuperado por el Cuerpo y camuflajeado para tal fin; las tácticas utilizadas para encubrir el crimen; las pérdidas de los proyectiles extraídos del cuerpo de RAMON CARMONA VASQUEZ de la Medicatura Forense del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; la implantación de huellas dactilares en el vehículo comprometido en el hecho de personas ajenas al mismo, quienes hasta la fechase encuentran desaparecidos; el evitar que patrullas pertenecientes al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, transitaran por la zona en el momento en que se consumaba el homicidio, y otras, que quedaron suficientemente demostradas en el expediente contentivo del juicio, cuyo mérito favorable invocamos”.
Expresado por los demandantes lo precedentemente expuesto, en particular mencionan que “laresponsabilidad del Estado, en estos casos, se halla prevista en el artículo 1.191 del Código de Civil, que es del tenor siguiente:
‘Los dueños y los principales o directores son responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes, en el ejercicio de las funciones en que los han empleado’.
El Estado, como persona jurídica susceptible de derechos y obligaciones, debe responder...
Regístrate para leer el documento completo.