Derecho

Proceso N.º 36828

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL


MAGISTRADO PONENTE
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
APROBADO ACTA N°. 411-

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil once (2011).

MOTIVO DE LA DECISIÓN

Examina la Sala las bases jurídicas y lógicas de la demanda de casación presentada por el defensor de Ramiro Rengifo Rodríguez contra la sentenciaproferida el 23 de febrero de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la condena impartida el 14 de enero de 2010 por el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, al hallarlo penalmente responsable en calidad de coautor del delito de concierto para delinquir, agravado, en concurso con el de desplazamiento forzado, agravado.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESALRELEVANTE

1. La situación fáctica fue sintetizada en los siguientes términos en el fallo de segunda instancia:

“En el año 1999 y con el propósito de finalizar la presencia que tenían en el Departamento del Valle del Cauca los grupos guerrilleros, incursionó en el sector, concretamente, en jurisdicción del municipio de Bugalagrande, el Bloque Calima de las denominadas Autodefensas Unidas deColombia, comandado por HebertVeloza García, alias “HH” y Elkin Casarrubia Posada, apodado “El Cura”; sin embargo, sus integrantes muy pronto se dedicaron a la consumación de los delitos de homicidio y desplazamiento forzado, entre otros, que ejecutaron en contra de las personas señaladas de auxiliar o colaborar con el VI Frente de las autoproclamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.De este exterminio selectivo fueron víctimas algunos de los miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de Bugalagrande, Sintramunicipio, pues fueron incorporados a una lista de “objetivos militares” elaborada por la comandancia del grupo al margen de la ley antes referido y que respecto de algunos de ellos alcanzó incluso ese ilícito cometido.

En efecto, el 31 de enero de2000 fue abatido Jesús Orlando Crespo Cárdenas. Posteriormente, el 29 de junio siguiente, integrantes de las Autodefensas interceptaron y dieron muerte a Roberth Cañarte Montealegre, miembro de la Comisión de Reclamaciones de la asociación sindical. Finalmente, en cuanto interesa reseñar, Fredy Ocoro Otero (sic), Fiscal de Sintramunicipio, fue víctima de intimidaciones, seguimientos y amenazas demuerte por razón de las cuales el 26 de julio del mismo año fue favorecido con medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; acoso que al proseguir a pesar del esquema de seguridad al que accedió por vía de tutela, lo determinó a solicitar y obtener asilo político del gobierno de Francia, país en el que se radicó junto con su núcleo familiar en el año 2002.”A la actuación fue vinculado RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, para la época de los sucesos operario de maquinaria pesada de propiedad del municipio de Buga, pues se le atribuyó no sólo la vinculación con el grupo organizado al margen de la ley, sino también que brindaba al grupo de autodefensa informaciones sobre los trabajadores sindicalizados”.
2. Por estos hechos, la Fiscalía Novena Seccional deTuluá, el 19 de septiembre de 2000 dispuso la apertura de investigación previa.

3. El 4 de octubre siguiente, el asunto pasó a conocimiento de la fiscal 31 Seccional de Fiscalías de la misma ciudad, pero el 17 del mismo mes lo remitió a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cali.

4. El 29 de noviembre del mismo año, una comisión especial de fiscales de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante losJueces Penales del Circuito Especializados de Cali, avocó el conocimiento del caso. No obstante, el 28 de mayo de 2002 la Fiscalía 31 Seccional de Tuluá profirió resolución inhibitoria.

5. Esta decisión fue anulada por la Fiscalía Octava Especializada de OIT de Cali el 29 de marzo de 2007 para disponer que se procurara la identificación de los autores o partícipes de las infracciones penales...