derecho

11  de  abril  2013

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 69 página 67

1. Disposiciones generales
Consejería de Fomento y Vivienda

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
laalimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».
Por otra parte, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Estados Partes «reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencialde la cooperación internacional
fundada en el libre consentimiento».
A estos efectos, el artículo 47 de la Constitución Española establece que «todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover
las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando lautilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía también consagra el derecho a la vivienda como base necesaria
para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios, concretando el mandato
constitucional dirigido a los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para la efectividad delderecho a la vivienda, incluyendo la promoción pública de vivienda.
En cumplimiento de estos mandatos, se promulgó la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del
Derecho a la Vivienda en Andalucía, que supuso un avance en la delimitación de tal derecho y de los deberes
que atañen a los poderes públicos en relación con el cumplimiento del mismo, desde la perspectiva social que
necesariamentetiene la vivienda.
A pesar de la importancia que la Constitución otorga al derecho a la vivienda, lo cierto es que en la
práctica es considerada un simple bien de consumo sujeto a las leyes del mercado. En este contexto, es urgente
y necesario que desde los poderes públicos se adopten las medidas necesarias para asegurar la función social
de la vivienda y de esta forma se haga efectivo elcumplimiento del artículo 47 de la Constitución, garantizando
desde las administraciones públicas la realización de este derecho.
El artículo 33 de la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada, estableciendo que se trata
de un derecho cuyo contenido viene delimitado por su «función social», que es básica para la generalización
de los derechos sociales. La Constitución no tutela, portanto, usos «anti-sociales» del derecho de propiedad.
Este principio debe vincularse con la previsión del propio artículo 128 de la Carta Magna, según el cual «toda
la riqueza del país en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general»,
y con el artículo 40 que establece que «los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el
progresosocial y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa».
Siendo, en este caso, finalidad propia de la vivienda, la de propiciar la posibilidad de dar cumplimiento
al derecho a disponer de un techo, bajo el que las personas puedan desarrollarse con normalidad dentro de la
sociedad, su desocupación representa el mayor exponente del incumplimiento de la...