derecho

4.2 También se recibió la declaración de la Dra. María Girlesa Villegas Muñoz,
Defensora Regional d el Pueblo. La defensora expresa que a través de la acción
de tutela pretende proteger losderechos fundamentales de las personas
desplazadas a causa del conflicto armado que han ocupado el terreno de
Corvide. Comenta que no entiende por qué las autoridades no coordinan
acciones para atender yproteger a los desplazados, a pesar de que las leyes 171
de 1994 y 387 de 1997 y el decreto 173 de 1998 han establecido la obligación del
Estado de velar por sus derechos, pero sí adelantanprocesos administrativos de
desalojo, como en el caso de los desplazados del sector Isaac Gaviria, “cuando lo
que debieran era proponer soluciones tales como la reubicación o el retorno,
reubicación quepodría ser en el mismo lugar a partir de un programa que
desarrollaran con dineros de ley de los desplazados y fondo Nacional de
atención, o con recursos de entidades o autofinanciación, las cualesdeben dar
prioridad a estos asuntos, asimismo en convenios o acuerdos con el Inurbe o Red
de Solidaridad Social, que tienen programas de vivienda afines con la situación.”
Sostiene que las familiasocupantes del predio, cuyas quejas reposan en la
Defensoría, “son acreedoras de la protección del Gobierno porque de acuerdo a
la ley 387 cumplen con los requisitos para ello, nadie podría negar queestas
familias provenientes de municipios como Mutatá, Chigorodó, Ituango, Dabeiba
y otros lugares donde todos conocemos se han registrado hechos violentos de
masacres, desapariciones,desplazamiento forzado, silencioso y masivo, son
víctimas del desplazamiento forzado”.
De otra parte, precisa que la defensoría, en el marco de su labor de velar por la
protección de los derechosfundamentales, ha mantenido diálogos con distintas
autoridades para hacerles comprender la situación de los desplazados y que,
desde el punto de vista de la administración de justicia, la aplicación de las...