Derecho

José Antonio Rivera S. (Bolivia) *

El amparo constitucional contra sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada. Una perspectiva del tema en Bolivia

I.

Planteamiento del problema

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en América se ha logrado un significativo avance en materia de promoción y protección de los derechos humanos, en el marco de un sistemainteramericano que incluye los instrumentos internacionales adoptados por los Estados parte de la OEA, así como los organismos especializados como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De otro lado, en el ámbito interno, los diferentes Estados americanos han logrado avances importantes en la materia, restableciendo los gobiernos democráticos frente a las dictaduras militares; incorporandoen su legislación interna las declaraciones, convenciones y tratados sobre derechos humanos; y, en algunos casos, adoptando el sistema concentrado de control de constitucionalidad, lo que ha significado la creación de Tribunales o Cortes Constitucionales, organismos especializados que ejercen funciones de control normativo; control del ejercicio del poder político; y la protección de los derechoshumanos a través de acciones tutelares como el hábeas corpus, el amparo constitucional y el hábeas data. En consecuencia, paralelamente a la positivización se ha generado un proceso de judicialización de los derechos humanos; de manera que, frente a los actos o decisiones ilegales e indebidos de funcionarios o autoridades públicas, incluidas las judiciales, que los suprimen o restringen, seactivan las garantías jurisdiccionales, como son las acciones tutelares, para otorgar la protección inmediata, eficaz e idónea.

* Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Estatal. Magistrado suplente del Tribunal Constitucional de Bolivia. Autor de cuatro libros y numerosos ensayos en materia de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos.

212ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO / 2003

Ese proceso ha generado, entre otros, un debate casi generalizado sobre la procedencia del amparo constitucional contra las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada. El debate ha adquirido la intensidad que se justifica dada la importancia del tema y, como es de suponer, ha generado dos corrientes de pensamiento: una denominadanegativa, es decir, opuesta a la procedencia del amparo constitucional contra las sentencias judiciales ejecutoriadas, y otra denominada permisiva, con dos variantes: una permisiva irrestricta y otra permisiva restringida. El debate no ha sido infructuoso ni mucho menos, pues los excelentes desarrollos doctrinales a partir de los diferentes enfoques han permitido adoptar decisiones respecto al tema yasea por la vía normativa o la jurisprudencial. En el caso específico de Bolivia, debo señalar que el tema no fue abordado en el pasado con la profundidad académica necesaria. Ello se debe básicamente a las siguientes razones: a) el amparo constitucional recién fue incorporado al Sistema Constitucional Boliviano en la reforma constitucional de 1967; b) se carece de un desarrollo legislativo de lanorma constitucional que lo instituye, en el que bien pudo haberse abordado el tema; y c) como se ha expresado en el libro Jurisdicción Constitucional. Procedimientos constitucionales en Bolivia,1 dada la proscripción de la Constitución por los regímenes de facto, sumada al desconocimiento de la institución, entre 1967 y 1982 fue poco empleado el amparo constitucional. De manera que la CorteSuprema de Justicia, al conocer y resolver los recursos de amparo constitucional 2 en grado de revisión, optó por la tesis negativa y estableció jurisprudencia afirmando que el amparo constitucional no procede contra las decisiones judiciales pasadas en calidad de cosa juzgada. Esta decisión y jurisprudencia no están acompañadas de una adecuada fundamentación, por lo que carecen de un desarrollo...