derecho
Páginas: 7 (1700 palabras)
Publicado: 3 de julio de 2014
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Mediante Oficio N° 15.726 del 21 de marzo de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, remitió a esta Sala el expediente N° 14.553, de su numeración, contentivo de la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano ROCCOALEJANDRO NARDULLI DOMINGUEZ, identificado con la cédula de identidad número 11.659.395, contra el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la Gobernación del Estado Monagas, la Alcaldía del Municipio Maturín del Estado Monagas y PDVSA, Petróleo, S.A., por la supuesta lesión del derecho a la vida y a la salud de él y su familia, a consecuencia del derrame de crudo ocurrido el 4 de febrero de2012, en la localidad de Jusepin, Estado Monagas.
Dicha remisión obedece a la declinatoria de competencia que realizara el referido Juzgado el 13 de marzo de 2012.
El 24 de abril de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López, quien, con tal carácter la suscribe.
Efectuado el análisis del caso, esta Sala paradecidir pasa a hacer las siguientes consideraciones:
I
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas declinó en esta Sala la competencia para conocer del asunto planteado, con base a los siguientes razonamientos:
“…El actor señala que actúa en nombre y representación de él y su grupofamiliar. A este respecto, se debe analizar, antes de entrar en cualquier tipo de consideración, si se trata o no de un caso de derechos o intereses difusos, para así, luego, determinar la competencia y la admisibilidad de la acción incoada.
En sentencia del 30 de junio de 2000 (Caso: Dilia Parra Guillén), la Sala Constitucional realizó pronunciamiento expreso respecto de la consagración en laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela de los derechos e intereses difusos o colectivos, señalando en esa oportunidad lo siguiente:
…omissis…
Siguiendo este orden de ideas y del análisis realizado al libelo y así como de los recaudos consignados, aunado al criterio acogido por este Tribunal en la doctrina transcrita, en el caso bajo estudio nos encontramos ante una tutela constitucionalque ha sido ejercida con base en los derechos e intereses colectivos, toda vez, que es “la igualdad ante la ley”, “el derecho a la vida” y “el derecho a la salud” quienes se encuentran incorporados dentro de los derechos de civiles y sociales en nuestra Carta Magna; esto es, aquellas personas indeterminadas, que pueden verse afectadas con ocasión a la contaminación existente y al no habersesincerado las autoridades con la verdadera situación y habiendo posiciones encontradas con tal circunstancia, y que representan un verdadero peligro a la salud de las personas, aun cuando el demandante haya actuado en su nombre y de su grupo familiar, y así se declara.-
En consecuencia, respecto a la competencia para conocer de la presente acción, tal como se expresara en la sentencia citada, de lasacciones que se ejerzan con ocasión de los derechos e intereses difusos o colectivos, será competente la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal para conocer de ellas, hasta tanto no se haya dictado una ley procesal especial que regule estas acciones, y así se declara”.
II
FUNDAMENTOS DEL AMPARO
El accionante fundamentó su pretensión en los siguientes argumentos:
Que, el 4 defebrero de 2012, se produjo un derrame de petróleo en la localidad de Jusepin Estado Monagas.
Que la actividad petrolera es de alto riesgo y debe estar en manos de personal altamente calificado, dada su potencial afectación al derecho a la vida y a la salud.
Que a consecuencia del derrame ocurrido se suspendió el suministro de agua que se obtiene del Rio Guarapiche.
Que el derrame produjo...
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Mediante Oficio N° 15.726 del 21 de marzo de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, remitió a esta Sala el expediente N° 14.553, de su numeración, contentivo de la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano ROCCOALEJANDRO NARDULLI DOMINGUEZ, identificado con la cédula de identidad número 11.659.395, contra el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la Gobernación del Estado Monagas, la Alcaldía del Municipio Maturín del Estado Monagas y PDVSA, Petróleo, S.A., por la supuesta lesión del derecho a la vida y a la salud de él y su familia, a consecuencia del derrame de crudo ocurrido el 4 de febrero de2012, en la localidad de Jusepin, Estado Monagas.
Dicha remisión obedece a la declinatoria de competencia que realizara el referido Juzgado el 13 de marzo de 2012.
El 24 de abril de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López, quien, con tal carácter la suscribe.
Efectuado el análisis del caso, esta Sala paradecidir pasa a hacer las siguientes consideraciones:
I
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas declinó en esta Sala la competencia para conocer del asunto planteado, con base a los siguientes razonamientos:
“…El actor señala que actúa en nombre y representación de él y su grupofamiliar. A este respecto, se debe analizar, antes de entrar en cualquier tipo de consideración, si se trata o no de un caso de derechos o intereses difusos, para así, luego, determinar la competencia y la admisibilidad de la acción incoada.
En sentencia del 30 de junio de 2000 (Caso: Dilia Parra Guillén), la Sala Constitucional realizó pronunciamiento expreso respecto de la consagración en laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela de los derechos e intereses difusos o colectivos, señalando en esa oportunidad lo siguiente:
…omissis…
Siguiendo este orden de ideas y del análisis realizado al libelo y así como de los recaudos consignados, aunado al criterio acogido por este Tribunal en la doctrina transcrita, en el caso bajo estudio nos encontramos ante una tutela constitucionalque ha sido ejercida con base en los derechos e intereses colectivos, toda vez, que es “la igualdad ante la ley”, “el derecho a la vida” y “el derecho a la salud” quienes se encuentran incorporados dentro de los derechos de civiles y sociales en nuestra Carta Magna; esto es, aquellas personas indeterminadas, que pueden verse afectadas con ocasión a la contaminación existente y al no habersesincerado las autoridades con la verdadera situación y habiendo posiciones encontradas con tal circunstancia, y que representan un verdadero peligro a la salud de las personas, aun cuando el demandante haya actuado en su nombre y de su grupo familiar, y así se declara.-
En consecuencia, respecto a la competencia para conocer de la presente acción, tal como se expresara en la sentencia citada, de lasacciones que se ejerzan con ocasión de los derechos e intereses difusos o colectivos, será competente la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal para conocer de ellas, hasta tanto no se haya dictado una ley procesal especial que regule estas acciones, y así se declara”.
II
FUNDAMENTOS DEL AMPARO
El accionante fundamentó su pretensión en los siguientes argumentos:
Que, el 4 defebrero de 2012, se produjo un derrame de petróleo en la localidad de Jusepin Estado Monagas.
Que la actividad petrolera es de alto riesgo y debe estar en manos de personal altamente calificado, dada su potencial afectación al derecho a la vida y a la salud.
Que a consecuencia del derrame ocurrido se suspendió el suministro de agua que se obtiene del Rio Guarapiche.
Que el derrame produjo...
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