Derecho

I. JURISPRUDENCIA

Los tribunales peruanos han comenzado a establecer una línea de criterios sobre lo que es razonable y, por consiguiente, no da lugar a responsabilidad- en materia de denuncias a la autoridad.

De primera intención, podíamos decir que los Tribunales han señalado que lo razonable es aquello que no fue un acto arbitrario del denunciante. Por ejemplo, la Sociedad Siderúrgica deChimbote (SOGESA) denunció a don Antonio Bermúdez Martell y otros por delitos de apropiación ilícita y falsificación de documentos. Pero, en el proceso, estas personas fueron absueltas por tales delitos. Sin embargo, la resolución de la Corte Suprema de 12 de noviembre de 1973 establece que, si bien no hay contra estas personas “cargo probado y concreto de culpabilidad”, “la investigación ydenuncia correspondientes no constituyeron hechos arbitrarios de la demandada”.

Pero el carácter de arbitrario o no arbitrario de un acto no es evidente; de modo que se requiere una precisión jurisprudencial mayor de la decisión de denunciar.

Doña Pilar Villegas de Neira denunció a doña Julia Gutiérrez de Rosa por apropiación ilícita. Sin embargo, la denunciante no puedo probar en forma alguna laverosimilitud de su denuncia. Por ello, la denunciada demandó por daños y perjuicios a la denunciante, obteniendo el pago de una indemnización (incrementada en la Corte Suprema) por considerar la Corte que “las pruebas resultaban deleznables para acreditar la responsabilidad”. La Ejecutoria declara que, si bien no dan lugar a indemnización las denuncias efectuadas de conformidad con el ejercicioregular de un derecho, no puede considerarse que éste es el caso (sino que, más bien, se trata de un abuso del derecho) cuando no hay pruebas que permitan establecer la razonabilidad de la acusación. La Corte indica que no se trata solamente de una falta de pruebas que acrediten la veracidad y el funcionamiento de los hecho denunciados.

En general, la Corte ha considerado que no existíaresponsabilidad cuando el denunciante se ha limitado a relatar el hecho y, quizá, a expresar una sospecha respecto de alguien; y es la autoridad policial o judicial la que ha incrementado a determinadas personas.

En la Hacienda Casa Grande se advirtieron diferencias de peso en el forraje entre las compras a los proveedores y el consumo, lo que indicaba que se estaba produciendo una pérdida irregular.En consecuencia, el Jefe de Vigilancia de dicha Hacienda se apersonó ante la autoridad policial y, sin señalar a persona determinada, denunció el hecho y solicitó una investigación. A consecuencia de ello, se abrió instrucción contra varias personas y se decretó la detención provisional, entre otros, de Wilfredo Sánchez Campos, quien estuvo preso durante 2 semanas. Sin embargo, terminada lainstrucción, se declaró que no había mérito a juicio oral contra dicho señor. Casi 2 años más tarde, Wilfredo Sánchez demandó a la Empresa Agrícola Chicama, propietaria de la Hacienda mencionada, para que le pague daños y perjuicios por tal denuncia que consideró injustificada.

Aún cuando el Juez de Primera Instancia declaró fundada dicha acción, el Fiscal GARCIA ARRESE opinó que “la Empresa selimitó a proporcionar los datos solicitados por la Policía” y que es la Policía, “ejercitando sus atribuciones”, que declaró la detención provisional de Wilfredo Sánchez, entre otros. El Fiscal considera que no hay responsabilidad porque “al hacerse la denuncia no se sindicó a determinada persona”; y agrega que “Pretender derivar un provecho económico, a título de indemnización judicial, importaríatener que aceptar la consumación de un hecho perjudicial para no exponerse a las contingencias de la investigación judicial o los resultados del procedimiento judicial por la complacencia de testigos falsos de idoneidad o a pruebas dejadas de actuar oportunamente”. La Corte Suprema, por resolución de 19 de mayo de 1958, acogió este planteamiento.

Un criterio similar utilizó la Corte en el...