Derecho
Páginas: 9 (2173 palabras)
Publicado: 17 de octubre de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS.
ESCUELA DE DERECHO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA.
LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN LABORAL EN LOS RECURSOS DE NULIDAD CONTRA LAS DECISIONES DICTADAS POR LAS INSPECTORÍAS DEL TRABAJO EN MATERIA DE INAMOVILIDAD
Proyecto de Trabajo Especialde Grado para Optar al Título de Abogado
Autora: Johana D. Cunha M.
C.I.: V-20.878.438
Tutora: Xenia M. Iciarte A.
C.I.: V- 4.553.058
San Joaquín de Turmero, Junio de 2012
CAPÍTULO I
CONTEXTO EMPÍRICO
Caracterización del Objeto de la Investigación
Al abordar la revisión de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a partirdel año 2000, se detectaron un considerable número de causas en las cuales los accionantes en sus condiciones de trabajadores, solicitaron amparo por la trasgresión de su derecho al trabajo, en virtud de que sus empleadores no acataban las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo en las cuales se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.La realidad laboral para ese entonces, indicaba que una vez obtenida la decisión del órgano administrativo, el patrono se negaba a cumplir lo ordenado, encontrándose el trabajador frente a un vacío legal pues la Ley Orgánica del Trabajo (1997), vigente para la echa, solo previó un procedimiento sancionatorio, regulado en el artículo 647, consistente en una multa que el condenado debe pagardentro del término que hubiere fijado el funcionario, la cual, en caso de no ser pagada, puede conllevar a su arresto. Multa que en la mayoría de los casos es cancelada por los empleadores, manteniendo la resistencia al reenganche.
Ante esta situación la doctrina jurisprudencial venezolana, especialmente la contenida en la Sentencia N° 1.318 dictada por la Sala Constitucional del TribunalSupremo de Justicia el 02 de agosto de 2002 en el Expediente N° 01-0213, estableció que el trámite antes referido, contenido en la citada Ley Orgánica del Trabajo (1997), no daba realmente satisfacción a la pretensión del trabajador, esto es, con la cancelación de una multa o con un arresto, el trabajador no lograba su objetivo de reenganche ni el pago de los salarios dejados de percibir. De allí, seprecisó que las sanciones causadas por el desacato sólo constituían un mecanismo compulsivo a la persona obligada (el patrono transgresor) para que la decisión administrativa fuese efectiva. [Disponible: D:\decisiones\scon\Agosto\1318-020802-01-0213.htm]
En consecuencia, se observó que la aplicación de una consecuencia jurídica tal, establecida a favor del fisco, sólo era posible concebirlacomo un mecanismo dirigido a preservar la autoridad de la voluntad de la Administración expresada a través de la Providencia Administrativa, contentiva de un mandato inobservado por su destinatario; advirtiéndose que la situación del trabajador, con la multa no quedaba resuelta, porque el trabajador permanecía sin trabajar, en franca negación de su derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y a lalibertad sindical, sin que fuesen operativas las garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la situación del trabajador se eternizaba ante la imposibilidad del cobro del dinero que le sirva para su sustento. [Disponible: D:\decisiones\scon\Agosto\1318-020802-01-0213.htm]
En atención a las consideraciones antes expuestas se infiere que resultaimportante precisar que en materia de recursos de nulidad la Ley Orgánica del Trabajo (1997) no atribuyó competencia de manera expresa a los órganos judiciales de la jurisdicción laboral, sino que se limitó a señalar que contra las decisiones dictadas por las Inspectorías del Trabajo se podían ejercer los recursos correspondientes ante los tribunales sin indicar específicamente el órgano judicial...
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS.
ESCUELA DE DERECHO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA.
LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN LABORAL EN LOS RECURSOS DE NULIDAD CONTRA LAS DECISIONES DICTADAS POR LAS INSPECTORÍAS DEL TRABAJO EN MATERIA DE INAMOVILIDAD
Proyecto de Trabajo Especialde Grado para Optar al Título de Abogado
Autora: Johana D. Cunha M.
C.I.: V-20.878.438
Tutora: Xenia M. Iciarte A.
C.I.: V- 4.553.058
San Joaquín de Turmero, Junio de 2012
CAPÍTULO I
CONTEXTO EMPÍRICO
Caracterización del Objeto de la Investigación
Al abordar la revisión de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a partirdel año 2000, se detectaron un considerable número de causas en las cuales los accionantes en sus condiciones de trabajadores, solicitaron amparo por la trasgresión de su derecho al trabajo, en virtud de que sus empleadores no acataban las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo en las cuales se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.La realidad laboral para ese entonces, indicaba que una vez obtenida la decisión del órgano administrativo, el patrono se negaba a cumplir lo ordenado, encontrándose el trabajador frente a un vacío legal pues la Ley Orgánica del Trabajo (1997), vigente para la echa, solo previó un procedimiento sancionatorio, regulado en el artículo 647, consistente en una multa que el condenado debe pagardentro del término que hubiere fijado el funcionario, la cual, en caso de no ser pagada, puede conllevar a su arresto. Multa que en la mayoría de los casos es cancelada por los empleadores, manteniendo la resistencia al reenganche.
Ante esta situación la doctrina jurisprudencial venezolana, especialmente la contenida en la Sentencia N° 1.318 dictada por la Sala Constitucional del TribunalSupremo de Justicia el 02 de agosto de 2002 en el Expediente N° 01-0213, estableció que el trámite antes referido, contenido en la citada Ley Orgánica del Trabajo (1997), no daba realmente satisfacción a la pretensión del trabajador, esto es, con la cancelación de una multa o con un arresto, el trabajador no lograba su objetivo de reenganche ni el pago de los salarios dejados de percibir. De allí, seprecisó que las sanciones causadas por el desacato sólo constituían un mecanismo compulsivo a la persona obligada (el patrono transgresor) para que la decisión administrativa fuese efectiva. [Disponible: D:\decisiones\scon\Agosto\1318-020802-01-0213.htm]
En consecuencia, se observó que la aplicación de una consecuencia jurídica tal, establecida a favor del fisco, sólo era posible concebirlacomo un mecanismo dirigido a preservar la autoridad de la voluntad de la Administración expresada a través de la Providencia Administrativa, contentiva de un mandato inobservado por su destinatario; advirtiéndose que la situación del trabajador, con la multa no quedaba resuelta, porque el trabajador permanecía sin trabajar, en franca negación de su derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y a lalibertad sindical, sin que fuesen operativas las garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la situación del trabajador se eternizaba ante la imposibilidad del cobro del dinero que le sirva para su sustento. [Disponible: D:\decisiones\scon\Agosto\1318-020802-01-0213.htm]
En atención a las consideraciones antes expuestas se infiere que resultaimportante precisar que en materia de recursos de nulidad la Ley Orgánica del Trabajo (1997) no atribuyó competencia de manera expresa a los órganos judiciales de la jurisdicción laboral, sino que se limitó a señalar que contra las decisiones dictadas por las Inspectorías del Trabajo se podían ejercer los recursos correspondientes ante los tribunales sin indicar específicamente el órgano judicial...
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