Derecho

El artículo 7 del Real Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, permitía que la Administración pudiera
contratar a trabajadores sometidos a la normativa laboral. El principio de legalidad que rige la
actuación de las Administraciones Públicas implica que cuando la Administración actúa como
un empresario privadoy contrata a trabajadores debe someterse a la legalidad laboral, esto es,
al Estatuto de los Trabajadores. La legalidad administrativa, no obstante y reflejada en este
caso en el artículo 19 de la Ley 30/1984, exige que la Administración respete los principios
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad también cuando se trate de
contratación de personal laboral.
Pues bien,los problemas se plantean cuando la Administración contrata de forma irregular a
sus trabajadores, toda vez que el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores sanciona este
comportamiento irregular del empresario (en este caso de la Administración) con la conversión
del contrato temporal en un contrato indefinido. La aplicación automática de este precepto a
la Administración puede acarrearimportantes problemas en la medida en que puede suponer
una colisión con los principios constitucionales que rigen el acceso a la Administración, sobre
todo, cuando la Administración busca conscientemente la irregularidad para dar rienda suelta
a comportamientos nepóticos o clientelares. A partir de ahí se plantea el problema de qué
hacer y qué normativa aplicar cuando la Administración hacontratado irregularmente a un
trabajador.
Con la Sentencia de la Sala 4ª del TS de 18 de marzo de 1991, dictada en casación para la
unificación de la doctrina, se inició una línea jurisprudencial respecto a los efectos que
producía la contratación irregular en la Administración Pública y, en concreto, respecto a la
armonización entre los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidady publicidad
y el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, que establece la presunción de que en estos
casos el contrato irregular se presume celebrado de forma indefinida. La doctrina de la Sala se
orientó a considerar que las Administraciones Públicas están sometidas a los límites que la
legislación laboral establece sobre la contratación temporal y que las infracciones de esalegislación pueden determinar la adquisición de la fijeza en el empleo.
Posteriormente, sin embargo, con la Sentencia de la Sala 4ª del TS de 7 de octubre de 1996,
dictada también en recurso de casación para unificación de la doctrina, se introdujeron
importantes matizaciones a la aplicación íntegra del Derecho laboral en la Administración. En
virtud de esta nueva orientación jurisprudencial dirála Sala, y citamos textualmente, que:
“Los preceptos sobre los efectos legales del despido improcedente (y la misma conclusión
debe valer para el despido nulo) se aplican en su integridad a los despidos acordados por las
Administraciones Públicas, sin que los principios de mérito y capacidad establecidos en el art.
103.3 de la Constitución sean obstáculo para la imposición a la Administraciónempleadora de
los deberes de indemnización o de readmisión. Ahora bien, de acuerdo con la propia doctrina
jurisprudencial unificada, esta conclusión no enerva el deber de las Administraciones Públicas
de atenimiento a los sistemas o procedimientos de contratación que concretan la puesta en
práctica de tales principios constitucionales. De esta segunda premisa general se desprende
unaconsecuencia para la decisión del caso enjuiciado, que supone una precisión o matización
de la doctrina de la Sala en esta materia. Tal precisión no afecta a la calificación de la

modalidad de la posición subjetiva del trabajador en la Administración Pública, y que puede
formularse como sigue: la contratación laboral en la Administración Pública al margen de un
sistema adecuado de ponderación de...