derecho

ilidad estatal por actos normativos legítimos, puede afirmarse que tras la construcción de la responsabilidad por la expedición y aplicación de normas constitucionales, de preceptos legales, así como de actos administrativos, cuya “juridicidad” no es reprochada, y que no obstante su “licitud” o “legitimidad” pueden entrañar algún daño antijurídico que comprometa la responsabilidad del Estado, hayun común denominador; ese elemento que se predica de la responsabilidad estatal con ocasión de estos tres niveles normativos istrado en desarrollo de una actuación legítima del Estado ajustada en un todo a la legalidad pero que debe ser indemnizado por razones de equidad y de justicia distributiva, en la medida en que aquel se ha beneficiado a costa de un daño anormal, desmesurado o superior aaquel que deben sufrir los administrados en razón a la naturaleza particular del poder público, el cual entraña de esta suerte un rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas. De modo que aun la actividad estatal legítima “tanto por la existencia y extensión del derecho que ejercita como por la fidelidad al procedimiento determinado legalmente” - esto es, en ejercicio de susdiante actosreglas para todas aquellas personas que estén en las mismas condiciones. Son las cargas inherentes que deben sufrirse por vivir en sociedad”. Sobre la responsabilidad de la administración pública por actos administrativos legales, recientemente la Sala subrayó que cuando la acción se interpone con ocasión del rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, como sucede cuando un inmueblees declarado patrimonio arquitectónico, lo cual comporta no poder disponer del mismo libremente, habida consideración que tiene la obligación de conservar su estructura en beneficio de la comunidad, la acción de reparación directa resulta procedente. Por manera que, vista la evolución jurisprudencial en punto de responsabilidad por el Estado-Regulador, sea este constitucional, legal oadministrativo, la jurisprudencia vigente de esta Corporación se inclina decididamente por admitir la procedencia de la acción de reparación directa cuando quiera que no se cuestiona la “legitimidad” del acto normativo causante del desequilibrio ante las cargas públicas. Nota de Relatoría: Sobre Responsabilidad del Estado por el hecho del Constituyente ver Sentencias de 13 de diciembre de 1995, Rad. S-470;de enero 19 de 1996, Rad.10095; de enero 19 de 1996, Rad. 10183; de enero 19 de 1996 Rad. 10244; de enero 19 de 1996, Rad. 10256; de enero 19 de 1996, Rad. 10765; del 25 de enero de 1996, Rad. 9.852; Sentencia de enero 26 de 1996, Rad. 10243; de enero 26 de 1996, Rad. 10363; del 26 de enero de 1996, Rad. 10.183, 10.244, 10.256 y 10.765; de febrero 1 de 1996, Rad. 10601; Sentencia de febrero 1 de1996 Rad. 10686; de febrero 1 de 1996, Rad. 10234; del 1 de febrero de 1996, Rad. 10.592; Sentencia de febrero 8 de 1996, Rad. 10699, C.P. Carrillo; del 8 de febrero de 1996, Rad. 10.253 y 10.815; del 9 de febrero de 1996, Rad. 10.477; del 23 de febrero de 1996, Rad. 11.242; de 22 de abril de 2004, Rad. 12551; Sobre Responsabilidad por el hecho de la ley: ver Sentencias de 18 de octubre de 1990,exp. 5396; de 2 de febrero de 1995, exp. 9273; de agosto 25 de 1998, Rad. IJ-001; del 8 de septiembre de 1998, Rad. IJ-002; de la Corte Constitucional Sentencia C-038 de 2006; Sobre Responsabilidad del Estado por el acto administrativo legal ver Sentencias de 28 de octubre de 1976, Exp. 1482; de 7 de abril de 1938, Rad. 3575; de 28 de noviembre de 1996, Rad. 3967; de 8 de mayo de 1997, Exp. 4291; de8 de mayo de 1997,Rad. 4208; de 22 de mayo de 1997, Exp. 4261; de 22 de mayo de 1997, Rad. 4207; de 22 de mayo de 1.997, Rad. 4205; de la Corte Suprema de Justicia, Sentencias de 3 de agosto de 1949; de 11 de abril de 1978, Exp. 1567; de 30 de enero de 1987, Exp. 4493; de 28 de julio de 1987, cuyo aparte dice: “cuando se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas porque éstas...