Derecho

¿Cómo se han relacionado el Arbitraje y el Amparo
en los últimos años?

Mario Castillo Freyre(
Rita Sabroso Minaya((




|Sumario: |
|1. Introducción.— 2. El caso PROIME – ENAPU: Expediente n.º 4195-2006-PA/TC.— 3. El caso |
|CODISA - COFIDE: Expediente n.º 5311-2007-PA/TC.— 3.1. Sobreel agotamiento de la vía |
|previa al amparo.— 3.2. Sobre la valoración y calificación de los hechos y medios |
|probatorios.— 3.3. Sobre la negociación previa al arbitraje.— 4. El caso CRASA - RBC: |
|Expediente n.º 02386-2008-PA/TC.— 5. El caso Torres Arana – Marina Internacional |
|Holding/Mía Meliá Inversiones Americanas: Expediente n.º 05923-2009-PA/TC.— 6. El caso|
|IVESUR - Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima: Expediente n.º |
|02851-2010-PA PA/TC.— 7. Conclusiones. |



1. Introducción

No cabe duda de que el desarrollo de el arbitraje en el mundo ha sido enorme en los últimos años, habiendo devenido en la vía más utilizada para resolver conflictos, lo que leotorga una importancia verdaderamente significativa.

Incluso, nuestra Constitución, al tiempo que garantiza el acceso a la justicia ordinaria, permite a los particulares y aun al Estado, dejar de lado la jurisdicción ordinaria o natural, recurriendo al arbitraje como fórmula alternativa.[1]


Ahora bien, a pesar del auge del arbitraje, éste debe convivir con la justicia ordinaria,pero para que esta convivencia sea armónica, se debe establecer una relación de cooperación entre ambos mecanismos. Así como los árbitros deben comprender las limitaciones —como la falta de coertio— que les impone su origen privado, es necesario que los jueces compartan la idea del arbitraje como sistema que coopera en la solución de conflictos, prestando su auxilio cuando se deba recurrir a ellos,aceptando también sus propias limitaciones, como son la de no intervención en materias sometidas a arbitraje.[2]

Lamentablemente, en el Perú, la convivencia del arbitraje con la justicia ordinaria no ha sido armónica y ha tenido sus altas y sus bajas. Una muestra de ello, ha sido —desde hace unos cuantos años— el empleo indiscriminado de demandas de amparo para entorpecer el inicio o eldesarrollo de procesos arbitrales.

Ello, habida cuenta de que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, además de las normas pertinentes de la antigua Ley de Hábeas Corpus y Amparo, permitía interpretar que cabía la interposición de demandas de amparo en contra de resoluciones arbitrales.

En tal sentido, se recurría a la interposición de demandas de amparo, a efectos de, por ejemplo,obtener una medida cautelar que modificara el sentido de alguna resolución arbitral, o que suspendiera el curso del proceso arbitral, hasta que se resolviese el fondo del tema en materia constitucional.

Si bien era aceptable —teóricamente— que se pueda suspender un proceso arbitral o un proceso cualquiera hasta que se solucione la controversia en torno a si había habido o no violación de underecho constitucional; en el terreno práctico tales consideraciones hacían absolutamente inviable la posibilidad de seguir de manera racional un proceso arbitral, en tanto y en cuanto una de las partes estuviese decidida a torpedear el desarrollo de dicho proceso.

A raíz de dicha situación, el propio Tribunal Constitucional —en el precedente de observancia obligatoria contenido en la Sentenciarecaída en el Expediente n.º 6167-2005-PHC/TC— señaló que debía protegerse la jurisdicción arbitral, en el ámbito de sus competencias, por el principio de no interferencia. En efecto, subrayó que los tribunales arbitrales, dentro del ámbito de su competencia, se encuentran facultados para desestimar cualquier intervención y/o injerencia de terceros, incluidas las de las autoridades administrativas...