Derecho



SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

Caracas, 11 de enero de 2004
193° y 144°
Mediante escrito presentado en fecha 30.7.02, los abogados Oswaldo Parilli A. y Auslar López Villegas, actuando en su carácter de apoderados de la empresa PDVSA PETRÓLEO y GAS S.A., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 3971 y 10555,respectivamente, solicitaron se revoque por contrario imperio el auto de fecha 29 de enero de 2004, que declaró inadmisible la demanda que interpusieran en fecha 27 de noviembre de 2003 contra los ciudadanos Aquiles López Vargas, Cayetano Segundo Martucci Urdaneta, Alejandro CarruyoPedreañez, Jesús Bernardoni López, MehelVaimberg y Gustavo Álvarez Martucci, por fraude procesal.


Este Juzgado, paradecidir, observa:

Los apoderados de la empresa estatal fundamentan su solicitud, en que:

“...[D]e conformidad con la sentencia de fecha 30 de mayo de 2000 de este mismo Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional (Caso INTANA), con ponencia del Dr. Jesús Eduardo Cabrera (...)
...omississ...
...este Juzgado si es competente para conocer de la acción por fraude procesal, por cuanto enel mismo se llevan y sustancian los dos expedientes principales que configuran este fraude procesal, concretamente: Exp. N° 2000-1050 Gustavo Álvarez contra Petróleo S.A. con el mismo objeto (los bienes petroleros inmuebles por destinación), y el expediente N° 2003-1274 contentivo de la demanda intentada por Aquiles López Vargas y Alejandro Carruyo contra PDVSA también con el mismo objeto (losbienes petroleros inmuebles por destinación). Más aún Ciudadana Juez, en esta misma Sala Político-Administrativa, ya existe el expediente N° 2000-0096 contentivo del juicio intentado por el Señor Jesús Bernardoni López contra PDVSA Petróleo S.A., con el mismo objeto...”

La sentencia dictada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, a la cual aluden los representantes dela empresa PDVSA Petróleo y Gas, S.A., es del tenor siguiente:

“...omississ...
La vía del juicio ordinario es la apropiada para ventilar la acción de fraude procesal adelantado mediante varias causas, ya que es necesario un término probatorio amplio, como el del juicio ordinario, para que dentro de él se demuestre el fraude; y aunque existe la violación constitucional consistente en laeliminación o minimización del derecho de defensa de la víctima (artículo 49 de la vigente Constitución), ella -debido a las formalidades cumplidas- nunca destaca como una violación inmediata de la Constitución, sino que requiere de alegatos y pruebas que no corresponden a un proceso breve como el del amparo constitucional. La apariencia que crea la colusión no pone de manifiesto la violación inmediatade la Constitución, por lo que será necesario, la mayoría de las veces, desmontar el armazón para que emerja la infracción constitucional. Además, en un proceso de amparo entre partes particulares, no podría traerse al juez (quien no es agraviante sino también víctima) y, mediante proceso ajeno al juez, anular sus actuaciones.

El restablecimiento inmediato de la situación jurídicainfringida, es en principio imposible, porque el fraude se encuentra oculto tras las formas prefabricadas que tendrán que ser desmontadas, y ello –en principio, aunque no en forma absoluta- cierra la puerta a la acción de amparo constitucional.

Tal vez la máxima dificultad que han encontrado los jueces para considerar la existencia de una acción autónoma de fraude procesal, estriba en que tendríanque anular, con un fallo, procesos o actos dictados por otros jueces, que no son, necesariamente, partes en el juicio ordinario de fraude.

Un proceso autónomo por fraude procesal puede incoarse ante el juez que conoce de todas las causas, o de alguna de ellas, y aun ante un juez distinto; y si todas las causas se encuentran en una misma instancia, deben acumularse, así haya precluído la...