Derecho
Páginas: 52 (12938 palabras)
Publicado: 13 de diciembre de 2012
TEMA 1.- LA JURISDICCIÓN SOCIAL
Alcance y competencias
El derecho procesal laboral se inserta plenamente en el ámbito del Derecho Público, asignándose al Estado el establecimiento o impartición (administración) de la justicia. Aparece en el art. 1.1 de la Carta Magna como uno de los valores superior de nuestro ordenamiento jurídico, el de la justicia; congruente pues con un estadode derecho a través de un sistema orgánico y procedimental público destinado a hacer efectiva la justicia. En efecto, el artículo 24 de la Constitución consagra el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales. Asimismo el artículo 117 de la Constitución señala que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, por jueces y magistrados integrantes delpoder judicial. El art. 117.3 de nuestra Ley fundamental consagra en esa misma idea que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
Estado y ley pues son referencias obligadas para entender el sentido de la solución jurisdiccional. Debemos destacar la idea de la exclusividad delEstado en el ejercicio del poder de administrar justicia, satisfaciendo el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Nuestro ordenamiento procesal laboral estudia unos mecanismos prejudiciales en orden a la evitación del auxilio de la justicia. Se trata de organismos arbitrales todos ellos públicos adscritos al Ministerio de Trabajo, como escalón previo al acceso de la justicia. Noobstante los mecanismos de solución extrajudicial de los conflictos, siguen siendo la vía jurisdiccional, la más importante y utilizada a la que se debe acceder al no haberse conseguido evitar el pleito.
La Ley Orgánica del Poder Judicial parte del principio de unidad jurisdiccional en la base de la organización y funcionamiento de los tribunales (artículos 4 y 9 de la LOPJ). Dicha Leyorgánica dispone una atribución especializada de asuntos a cada orden jurisdiccional (civil, penal, contencioso-administrativo, social, etc.), completada con una atribución adicional de carácter residual a favor del orden civil. Éste, de hecho, conoce de todas aquellas materias que no están atribuidas a ningún otro orden jurisdiccional.
Dispone el art. 4 de la LOPJ que todos los órganos judicialesespañoles extienden su función a los procesos suscitados en el territorio español, incluyendo por tanto al Orden Social. Debemos recalcar la expresión procesos suscitados en el territorio español, distinguiéndolo del derecho sustantivo que en su caso se aplicará al tema de fondo objeto del conflicto. Distinguimos pues el “ius” del “foro”; una cosa pues es el derecho sustantivo y otra cosa el derechoprocesal. Este último pues sólo puede aplicarse en territorio español. Se trata de procesos entre españoles, entre extranjeros o entre españoles y extranjeros, con la excepción de los casos de inmunidad diplomática.
El art. 8.2 del Código Civil ordena que “las leyes procesales españolas serán las únicas aplicables a las actuaciones que se sustancien en territorio español”. El art. 25 de LOPJestablece las conexiones de competencias de los tribunales del orden social aplicando el principio de territorialidad. Así, en litigios sobre contrato de trabajo cuando se dé alguno de los siguientes puntos de conexión: servicios prestados en territorio español; contrato celebrado en territorio español; que el demandado (normalmente empresario) tenga su domicilio en territorio español. La leyterritorial en cualquier caso cede excepcionalmente en el caso de que las dos partes (trabajador y empresario) tengan nacionalidad española, en cuyo caso es competente la jurisdicción española, resultando indiferente que la prestación de servicios tenga lugar en el extranjero.
Debemos destacar en esta materia el reglamento 44/2001 CE en relación con el reglamento 593/2008 CE y Convenio de Roma de...
Alcance y competencias
El derecho procesal laboral se inserta plenamente en el ámbito del Derecho Público, asignándose al Estado el establecimiento o impartición (administración) de la justicia. Aparece en el art. 1.1 de la Carta Magna como uno de los valores superior de nuestro ordenamiento jurídico, el de la justicia; congruente pues con un estadode derecho a través de un sistema orgánico y procedimental público destinado a hacer efectiva la justicia. En efecto, el artículo 24 de la Constitución consagra el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales. Asimismo el artículo 117 de la Constitución señala que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, por jueces y magistrados integrantes delpoder judicial. El art. 117.3 de nuestra Ley fundamental consagra en esa misma idea que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
Estado y ley pues son referencias obligadas para entender el sentido de la solución jurisdiccional. Debemos destacar la idea de la exclusividad delEstado en el ejercicio del poder de administrar justicia, satisfaciendo el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Nuestro ordenamiento procesal laboral estudia unos mecanismos prejudiciales en orden a la evitación del auxilio de la justicia. Se trata de organismos arbitrales todos ellos públicos adscritos al Ministerio de Trabajo, como escalón previo al acceso de la justicia. Noobstante los mecanismos de solución extrajudicial de los conflictos, siguen siendo la vía jurisdiccional, la más importante y utilizada a la que se debe acceder al no haberse conseguido evitar el pleito.
La Ley Orgánica del Poder Judicial parte del principio de unidad jurisdiccional en la base de la organización y funcionamiento de los tribunales (artículos 4 y 9 de la LOPJ). Dicha Leyorgánica dispone una atribución especializada de asuntos a cada orden jurisdiccional (civil, penal, contencioso-administrativo, social, etc.), completada con una atribución adicional de carácter residual a favor del orden civil. Éste, de hecho, conoce de todas aquellas materias que no están atribuidas a ningún otro orden jurisdiccional.
Dispone el art. 4 de la LOPJ que todos los órganos judicialesespañoles extienden su función a los procesos suscitados en el territorio español, incluyendo por tanto al Orden Social. Debemos recalcar la expresión procesos suscitados en el territorio español, distinguiéndolo del derecho sustantivo que en su caso se aplicará al tema de fondo objeto del conflicto. Distinguimos pues el “ius” del “foro”; una cosa pues es el derecho sustantivo y otra cosa el derechoprocesal. Este último pues sólo puede aplicarse en territorio español. Se trata de procesos entre españoles, entre extranjeros o entre españoles y extranjeros, con la excepción de los casos de inmunidad diplomática.
El art. 8.2 del Código Civil ordena que “las leyes procesales españolas serán las únicas aplicables a las actuaciones que se sustancien en territorio español”. El art. 25 de LOPJestablece las conexiones de competencias de los tribunales del orden social aplicando el principio de territorialidad. Así, en litigios sobre contrato de trabajo cuando se dé alguno de los siguientes puntos de conexión: servicios prestados en territorio español; contrato celebrado en territorio español; que el demandado (normalmente empresario) tenga su domicilio en territorio español. La leyterritorial en cualquier caso cede excepcionalmente en el caso de que las dos partes (trabajador y empresario) tengan nacionalidad española, en cuyo caso es competente la jurisdicción española, resultando indiferente que la prestación de servicios tenga lugar en el extranjero.
Debemos destacar en esta materia el reglamento 44/2001 CE en relación con el reglamento 593/2008 CE y Convenio de Roma de...
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